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Los fiscales generales y gobernadores demócratas que participan en la demanda sostienen que Trump está excediendo sus poderes con los aranceles del 15% previstos para gran parte del mundo.
Trump ha afirmado que los aranceles son esenciales para reducir los persistentes déficits comerciales de Estados Unidos. Impuso estos gravámenes en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, después de que el Tribunal Supremo anulara los aranceles que había impuesto el año pasado amparándose en una ley de poderes de emergencia.
La Sección 122, que nunca se había invocado, permite al presidente imponer aranceles de hasta el 15%. Estos están limitados a cinco meses, salvo que el Congreso los prorrogue.
La demanda está encabezada por los fiscales generales de Oregon, Arizona, California y Nueva York.
“El foco ahora debería estar en devolver el dinero a la gente, no en redoblar la apuesta con aranceles ilegales”, dijo el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield. La demanda llega un día después de que un juez dictaminara que las empresas que pagaron aranceles bajo el antiguo marco de Trump deberían recibir reembolsos.
La Casa Blanca promete una defensa contundente
La Casa Blanca afirmó que Trump está actuando dentro de sus atribuciones. “El presidente está utilizando la autoridad que le concedió el Congreso para abordar problemas fundamentales en los pagos internacionales y hacer frente a los grandes y graves déficits de la balanza de pagos de nuestro país”, dijo el portavoz Kush Desai. “La Administración defenderá enérgicamente la acción del presidente en los tribunales”.
La nueva demanda sostiene que Trump no puede recurrir a la Sección 122 porque estaba pensada para utilizarse solo en circunstancias específicas y limitadas, no para aplicar amplios impuestos a las importaciones. También argumenta que los aranceles elevarán los costes para los estados, las empresas y los consumidores.
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, citó un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York que concluyó que los estadounidenses asumen en gran medida el coste de los aranceles, estimado en unos 1.200 dólares al año por hogar. “Ese es dinero que sale del bolsillo de las familias estadounidenses que intentan comprar comida, pagar el alquiler y mantener a flote sus pequeños negocios”, afirmó Mayes.
Muchos de los estados demandantes también habían demandado con éxito por los aranceles que Trump impuso bajo otra ley: la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Cuatro días después de que el Tribunal Supremo anulara sus amplios aranceles basados en la IEEPA el 20 de febrero, Trump invocó la Sección 122 para imponer aranceles del 10% a los bienes extranjeros. El secretario del Tesoro, Scott Bessant, dijo el miércoles a CNBC que la administración elevaría los gravámenes hasta el límite del 15% esta semana.
Los estados demócratas y otros críticos sostienen que el presidente no puede utilizar la Sección 122 como sustituto de los aranceles anulados para combatir el déficit comercial.
La cuestión jurídica que envuelve la guerra arancelaria de Trump
La disposición de la Sección 122 está dirigida a lo que denomina “problemas fundamentales de pagos internacionales”. La cuestión es si esa formulación abarca los déficits comerciales, es decir, la diferencia entre lo que Estados Unidos vende a otros países y lo que les compra.
La Sección 122 surgió a raíz de las crisis financieras que aparecieron en las décadas de 1960 y 1970, cuando el dólar estadounidense estaba vinculado al oro. Otros países estaban cambiando dólares por oro a una tasa fija, lo que amenazaba con provocar el colapso de la moneda estadounidense y el caos en los mercados financieros. Pero el dólar ya no está ligado al oro, por lo que los críticos afirman que la Sección 122 está obsoleta.
De forma incómoda para Trump, su propio Departamento de Justicia argumentó en un escrito judicial el año pasado que el presidente necesitaba invocar la ley de poderes de emergencia porque la Sección 122 “no tenía una aplicación evidente” para combatir los déficits comerciales, que calificó de “conceptualmente distintos” de los problemas de balanza de pagos.
Aun así, algunos analistas jurídicos consideran que la administración Trump tiene esta vez un caso más sólido.
“La realidad jurídica es que los tribunales probablemente concederán al presidente Trump una deferencia considerablemente mayor en relación con la Sección 122 que la que concedieron a sus aranceles anteriores bajo la IEEPA”, escribió el miércoles Peter Harrell, investigador visitante del Instituto de Derecho Económico Internacional de la Universidad de Georgetown, en un comentario.
El Tribunal de Comercio Internacional de Nueva York, especializado en este tipo de casos y que escuchará la demanda de los estados, escribió el año pasado en su propia decisión que anuló los aranceles basados en poderes de emergencia que Trump no los necesitaba porque la Sección 122 estaba disponible para combatir los déficits comerciales.
Trump dispone de otras autoridades legales que puede utilizar para imponer aranceles, y algunas ya han superado pruebas en los tribunales. Los aranceles que impuso a las importaciones chinas durante su primer mandato en virtud de la Sección 301 de la misma ley comercial de 1974 siguen vigentes.
También se han unido a la demanda los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, así como los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
AP
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