La máxima instancia judicial estadounidense también tomó la decisión de permitir la entrada parcial en vigor de la medida, la cual Donald Trump ha defendido reiteradamente por motivos de seguridad nacional, pese a las críticas.
La decisión de los jueces implica que el Gobierno de Trump podrá negar la entrada a Estados Unidos de los individuos que no tengan familiares en territorio estadounidense o que no hayan tramitado ya su ingreso en el país para asumir un puesto de trabajo.
En concreto, en un escrito de 13 páginas, los jueces determinan que Trump podrá prohibir el ingreso de los “extranjeros que no tengan ninguna relación genuina con una persona o una entidad de Estados Unidos”.
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Por tanto, la decisión de los jueces permitiría que entrara en vigor una de las partes esenciales del veto migratorio: la anulación durante 120 días del programa de acogida a refugiados, quienes por definición están huyendo de sus países de origen y no tienen ninguna relación con Estados Unidos.
La otra parte esencial de la iniciativa de Trump, que seguirá parcialmente bloqueada, es la prohibición a la entrada a Estados Unidos para los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia).
Sin embargo, Trump tendrá que permitir la entrada a EE. UU. de los nacionales de estos países que tengan familiares o contratos de trabajo pendientes en territorio estadounidense.
La semana pasada, el mandatario afirmó que la orden podría entrar en vigor en 72 horas si las cortes levantaban el bloqueo que había impedido su entrada en vigencia y que fue dictado por el Tribunal de Apelaciones del Distrito Cuarto, en Richmond (Virginia), y el Tribunal del Distrito Noveno, con sede en San Francisco (California).
Estos tribunales de apelaciones, una instancia inferior al Supremo, bloquearon la entrada en vigor de la orden porque consideraron que podría suponer un abuso de poder del presidente y porque supuestamente discrimina a los musulmanes como minoría religiosa, lo que podría violar la Constitución de EE. UU.
El Tribunal Supremo estudiará la legalidad del veto durante su próximo periodo judicial, que comienza el primer lunes de octubre de 2017 y terminará en junio de 2018.
Con AFP y EFE
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