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La CURP biométrica, identificación oficial que entró en fase de implementación en México y almacenará huellas, iris y rostro de cada habitante, ha sido presentada por el gobierno como una herramienta para combatir la corrupción y buscar desaparecidos. Pero colectivos de derechos humanos, tecnólogos y defensores de migrantes alertan que, sin supervisión independiente ni controles robustos, esta base de datos podría convertirse en un sistema de vigilancia masiva o quedar expuesta a fallos de seguridad.
“Pueden tener la certeza de que está segura, que tiene todos los mecanismos de ciberseguridad necesarios y pueden tener la certeza de que no se va a hacer mal uso de ellos”, aseguró con voz serena Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, al ser consultada por las inquietudes que despertó la implementación de la nueva Clave Única de Registro de Población, conocida como CURP, y que a partir de ahora contará con datos Biométricos de la población.
La CURP, un código alfanumérico de 18 caracteres, funciona como identificador único para cada persona que reside en México, ya sea nacional o extranjera. Es un requisito que permite acceder a servicios públicos como salud o seguridad social, y para la obtención de documentos oficiales como el pasaporte.
De uso cotidiano en múltiples trámites administrativos, la CURP ahora integrará elementos como huellas dactilares, iris, firma electrónica y fotografía. El rediseño del documento fue formalizado el 16 de julio de 2025, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación por medio de una reforma a la Ley General de Población que establece las bases jurídicas de la CURP con datos biométricos, al incorporar nuevos artículos en la legislación vigente. Su implementación comenzó este 16 de octubre y se espera que para febrero de 2026 todos los módulos del país estén en capacidad de gestionarlo.
Sheinbaum promueve la CURP biométrica como parte de una estrategia para construir un país “seguro”. Entre los beneficios, dice, se encuentra su posible utilidad para la localización de personas desaparecidas, un tema prioritario en la agenda nacional. Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de críticas. Diversos colectivos y especialistas han advertido sobre los riesgos que implica consolidar un sistema de identificación centralizado en un país con antecedentes de corrupción, impunidad y frecuentes filtraciones de datos personales.
Vigilancia sin contrapesos
Para Nayeli Torres, investigadora en temas de tecnología y vigilancia de la organización Artículo 19, la iniciativa gubernamental se enmarca dentro de una serie de reformas legislativas recientes que “se dieron de manera apresurada, con poca consulta a la ciudadanía”, y que muestran —en sus palabras— “una clara intención hacia la vigilancia que propicia también la censura y que en general es regresiva en materia de derechos humanos”.
Uno de los elementos que más inquietan, explica, es la falta de claridad sobre el tratamiento que tendrán los datos biométricos. Aunque el gobierno ha prometido que estarán protegidos en una plataforma única, aún no se conocen detalles sobre sus mecanismos de resguardo, control de acceso o auditoría. “Si está en una sola base de datos, ¿cómo vamos a saber quién está manejando la información, quién puede acceder a ella y qué uso se le va a dar?”, cuestiona Torres.
Los críticos recuerdan la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), lo que deja sin una autoridad independiente con capacidad de fiscalizar el manejo de datos personales a nivel nacional. Durante más de dos décadas, el INAI fue el órgano autónomo mexicano encargado de garantizar el acceso ciudadano a la información pública y la protección de datos personales, pero fue disuelto en marzo de 2025 bajo el argumento del gobierno de que era un ente “costoso”, “duplicado” y “carente de legitimidad”.
Más allá del documento de identidad en sí, el temor de colectivos gira en torno a un sistema que podría permitir el cruce automatizado de datos personales, biométricos y de telecomunicaciones. Según la experta, el vínculo entre rostro, número telefónico y geolocalización en tiempo real abre la puerta a un modelo de vigilancia sistémica. “Aunque se menciona que va a haber control judicial para intervenir comunicaciones privadas, no se menciona eso para temas como la geolocalización o el acceso a datos conservados”, subraya.
La preocupación se refuerza, afirma, con la entrada en vigor de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que contempla la interconexión de bases de datos públicas y privadas. “Las autoridades van a poder acceder irrestrictamente a toda la información de una persona”, advierte Torres.
Sheinbaum sostiene que es “fundamental para desaparecidos”
Sin embargo, Sheinbaum ha defendido públicamente la implementación de la CURP biométrica. Durante una de sus conferencias matutinas en marzo de 2024, la mandataria enmarcó la medida como una herramienta necesaria para fortalecer las capacidades institucionales frente a la crisis de desapariciones en el país.
“A veces son temas difíciles, pero es importante avanzar hacia ellos. La CURP, que ya es el número, la identidad que tenemos todos, tiene que seguirse fortaleciendo”, afirmó. En su visión, la integración de bases de datos y su disponibilidad en tiempo real es indispensable para las labores de búsqueda.
“No puede ser que una madre busque a un hijo desaparecido y que no tengamos una base de datos nacional donde poder saber si se encontró en un lugar, en otro, si tomó un vuelo de avión, si salió por migración, todo eso tiene que estar disponible al instante”, subrayó. “Repito: para las instituciones de seguridad”, insistió.
Torres cuestiona este argumento: “No se ha expresado en espacios públicos, privados, internacionales, que el problema que ven los familiares es una falta de voluntad, que es una complicidad de parte de autoridades en la misma desaparición, que no es solamente un tema en donde el crimen organizado está problematizado, sino también en donde el Estado no ha permitido los mecanismos para ayudar a los familiares”, señala. Para la investigadora, “utilizar este argumento es, pues sí, justamente utilitario y no realmente atiende el tema”.
En julio, familiares de desaparecidos clausuraron simbólicamente la Cámara de Diputados en señal de protesta, advirtiendo que la centralización de datos biométricos no contribuye a la localización de personas.
Jorge Verástegui, activista y familiar de una persona desaparecida, expresó en medios locales su preocupación por el historial de vulneraciones a la seguridad digital del Estado mexicano. “El riesgo es muy amplio. Hay que recordar que en los últimos meses ha habido una cantidad impresionante de hackeos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a las fiscalías, incluso a la misma presidenta en su teléfono. Entonces, es muy preocupante que en una sola plataforma se pueda tener registro de lo que hace cada una de las personas en México”, declaró.
Preocupación entre migrantes y comunidades vulnerables
Élida Calixto Toxqui, coordinadora de incidencia de la Red Franciscana para Migrantes de las Américas (RFM) y de Red CLAMOR, reconoce que la propuesta podría parecer “una muestra de buena voluntad” para agilizar la identificación forense.
Sin embargo, advierte que la medida tiene limitaciones estructurales. “La base de datos solo incluirá a las personas registradas a partir de su implementación, por lo que los casos de personas desaparecidas antes de la aplicación de la CURP biométrica quedarían aún sin resolver”, señaló. Además, sostiene que justificar la medida bajo ese argumento “sería aceptar tácitamente la imposibilidad del Estado para garantizar la seguridad de la población que se encuentra dentro del territorio mexicano”.
Los temores se amplían a posibles escenarios de exclusión. Calixto señaló que un trámite que en apariencia es voluntario, podría derivar en la práctica en una condición obligatoria para acceder a derechos básicos: “Existe el riesgo de revictimización al exponer datos personales de víctimas de violencia o desaparición, quienes podrían quedar vulnerables si no se establecen medidas de resguardo adecuadas”.
La opacidad sobre los usos de la base de datos y su interoperabilidad con instancias migratorias u organismos de inteligencia agrava ese temor. Para las redes católicas que prestan asistencia en albergues y espacios de protección, cualquier sistema de registro debe tener garantías de consentimiento informado, protección legal robusta y supervisión independiente.
“El Estado tiene la obligación de garantizar a la población que la CURP biométrica no se convierta en un mecanismo de control ni para los nacionales ni para los extranjeros”, advirtió Calixto. Desde su experiencia acompañando a personas migrantes y solicitantes de asilo, alertó que muchas de ellas escapan de contextos de persecución y violencia, por lo que la protección de su información biométrica debe estar blindada ante cualquier uso indebido, filtración o vinculación con autoridades que podrían representar un riesgo para su integridad.
“México ha tenido ‘fugas’ de información sensible, lo que evidencia fallas o deficiencias en el resguardo de datos, por lo que, si nos comparamos con otros países y empresas que cuentan con mayores capacidades financieras y tecnológicas, es evidente que existe un reto importante”, reflexionó.
“Una contraseña se puede resetear. Una huella dactilar, no”: especialista tecnológica.
Por su parte, Nancy Salazar, especialista en tecnologías de la información, afirma a France 24 que la implementación de una CURP biométrica tiene el potencial de modernizar el sistema de identificación nacional, siempre y cuando se aplique con rigurosidad, transparencia y acompañamiento educativo.
La especialista recuerda la dimensión irreversible de entregar datos biométricos. “Una contraseña se puede resetear. Una huella dactilar, no”, remarca. Desde su experiencia, los datos biométricos deben entenderse como “llaves únicas” que nos identifican de forma permanente. Por eso, afirma que la preocupación no es menor en un país donde bases de datos sensibles ya han sido filtradas y vendidas a precios irrisorios en la ‘deep web’, el segmento de internet que no está indexado por motores de búsqueda convencionales y donde proliferan mercados clandestinos de información robada.
“Dentro del mundo de aplicaciones digitales, no hay ninguna aplicación que sea 100% segura. Quizá pueda haber aplicaciones 99.9% seguras, pero ninguna al cien por ciento”, sentencia, en alusión a la vulnerabilidad constante ante ciberataques, tanto en entidades públicas como privadas.
“Seguimos siendo un país donde no todas las personas o lugares tienen acceso a internet o dispositivos”, subraya, al tiempo que recuerda que muchas comunidades rurales carecen tanto de infraestructura como de alfabetización digital básica. La implementación de la CURP biométrica, insiste, debería ser verdaderamente opcional en su fase inicial.
Aunque desde el Ejecutivo han insistido en que el uso del nuevo sistema es opcional, el decreto que reforma la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, en su artículo 91 Bis establece que la CURP biométrica será “el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional”.
Una de las reflexiones desde la perspectiva tecnológica que hace Salazar es sobre la cultura digital en la población mexicana. “Nos espantamos por lo que el gobierno hará con nuestros datos, pero luego subimos diez fotos a una app para que nos diga qué animal somos”, comenta, en referencia a las múltiples formas en que las personas comparten voluntariamente información personal sin saber a dónde va ni cómo será usada.
Para ella, la clave no está solo en rechazar o aceptar un sistema como el de la CURP biométrica, sino en elevar el nivel de conciencia pública: “Tenemos que saber cuáles son nuestros derechos como usuarios y también aprender a cuidar lo que compartimos”.
Con medios locales
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