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El Tribunal Supremo español condenó este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados relacionado con la difusión a la prensa de un correo electrónico que contenía la admisión de fraude fiscal del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La decisión, que incluye el voto discrepante de dos magistrados y que es firme, supone su salida inmediata de la jefatura del Ministerio Público y abre una nueva crisis política entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la oposición conservadora.
Un fallo sin precedentes
El Tribunal Supremo adelantó su fallo apenas una semana después de concluir un juicio sin precedentes en la historia democrática española. Se trataba de la primera vez que un fiscal general había tenido que sentarse en el banquillo acusado de un delito cometido durante el ejercicio de su cargo.
Cinco de los siete magistrados del tribunal consideraron probado que García Ortiz vulneró el artículo 417.1 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario que revele secretos o información conocida por razón de su cargo y que no deba ser divulgada.
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Según la sentencia, la filtración del correo electrónico, en el que el abogado de González Amador planteaba un pacto a la Fiscalía y reconocía “ciertamente” varios delitos de evasión fiscal, causó un daño moral al empresario, por el que el fiscal general deberá indemnizarle con 10.000 euros. Además, deberá afrontar el pago de las costas del proceso.
La condena no solo implica su inhabilitación durante dos años para ejercer cargo público, sino también una multa de 7.200 euros. Por su parte, García Ortiz mantiene la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional. Bajo juramento, varios periodistas aseguraron no haber recibido información del fiscal, aunque no revelaron sus fuentes por protección profesional.
Impacto político
El gobierno de Pedro Sánchez reaccionó de inmediato a la decisión judicial. Fuentes del Ejecutivo manifestaron su “respeto” al fallo, aunque señalaron que no lo comparten, y anunciaron que se iniciará de forma inmediata el proceso para nombrar a un nuevo fiscal general. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, llamó a evitar que el desacuerdo derive en una “desconfianza generalizada hacia las instituciones”.
El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. pic.twitter.com/ls81VFyvSt
— Félix Bolaños (@felixbolanosg) November 20, 2025
El revés judicial llega en un momento especialmente sensible para el Ejecutivo, que defendió públicamente la inocencia de García Ortiz desde que se conoció su imputación. El caso se remonta a marzo de 2024, cuando la filtración del correo desató un enfrentamiento entre el gobierno y el Partido Popular (PP).
El PP, partido al que pertenece Isabel Díaz Ayuso, exigió desde el principio la dimisión del fiscal general y denuncia un supuesto plan del Gobierno para perjudicar a la dirigente madrileña. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, llegó a reclamar la dimisión del presidente Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas.
Tras la condena al fiscal general, no hay otra salida decente que la dimisión de Sánchez. pic.twitter.com/pP6HEPEHn7
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 20, 2025
El caso se suma a otros frentes de desgaste político que afectan al Ejecutivo y que la oposición utiliza como argumento de pérdida de credibilidad institucional. Para los conservadores, la condena es la prueba de que la Fiscalía actuó condicionada políticamente; para el Gobierno, en cambio, se trata de una discrepancia jurídica que no debe cuestionar el funcionamiento del Estado de derecho.
Mientras tanto, la investigación fiscal sobre Alberto González Amador por presuntos delitos de fraude sigue abierta. El empresario declaró recientemente que no tenía conocimiento de ningún acuerdo de conformidad, pese a que su abogado lo planteó en el correo objeto de la polémica.
Con EFE y Reuters
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