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Durante los últimos años, Argentina ha atravesado una gran cantidad de investigaciones por supuestos casos de corrupción, pero pocos alcanzaron la dimensión política, mediática y judicial de la llamada “Causa de los Cuadernos”.
El escándalo estalló en 2018, cuando se dieron a conocer fotocopias de una serie de cuadernos escritos por el chofer de un funcionario público. Allí se detallaban presuntos traslados de bolsos con dinero en efectivo vinculados a empresarios favorecidos por contratos estatales. La combinación de registros meticulosos, figuras poderosas y sumas millonarias provocó un terremoto político de alto impacto.
Para los expertos, el caso tomó notable dimensión porque muchos lo interpretaron como una ventana al funcionamiento del Estado argentino durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Los cuadernos mostraban un patrón que se repetía: vehículos oficiales, edificios de ministerios, oficinas privadas, departamentos en barrios exclusivos y maletines con dólares.
La magnitud institucional también fue importante. El expediente terminó por involucrar a exministros, ejecutivos de las principales empresas constructoras y energéticas, e incluso a la expresidenta y actual referente política Cristina Fernández de Kirchner.
Muchos de los acusados se acogieron a la figura del “arrepentido”, aportando información a cambio de reducciones de pena.
En paralelo, las defensas de los principales imputados pusieron el foco en la validez de la prueba central. Cuestionaron las fotocopias de los cuadernos —su origen, su trazabilidad y algunas correcciones detectadas en las anotaciones— y señalaron que estas dudas debilitan la base sobre la que avanzó buena parte de la investigación.
Hoy, varios años después, el caso volvió a ocupar la agenda pública: el pasado 6 de noviembre comenzó el primer juicio oral —que se realiza por Zoom—, mientras que la Cámara de Casación pidió acelerar el proceso, aumentar la frecuencia de las audiencias y que las indagatorias se hagan de manera presencial.
Para entender cómo un conjunto de cuadernos escolares fotocopiados terminó en una de las causas más relevantes del país, a continuación se presentan cinco claves que permiten observar el caso en detalle.
1. El origen: unos cuadernos que funcionaron como detonante político
El caso se inició con los escritos de Óscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, un funcionario del Ministerio de Planificación. En sus cuadernos registró, durante años, viajes en los que describía presuntas entregas de dinero provenientes de empresarios vinculados a la obra pública que buscaban asegurar o mantener contratos con el Estado.
Aunque en un principio Centeno afirmó haber quemado los originales de sus anotaciones, la Justicia tiempo después aseguró haber recibido al menos seis cuadernos originales. El impacto no provino sólo del contenido, sino del nivel de detalle: direcciones exactas, horarios, montos y vínculos entre funcionarios y empresas.
La llegada de esas anotaciones al terreno judicial tuvo como protagonista al expolicía Jorge Bacigalupo, viejo conocido de Centeno. Según declararía más tarde el propio chofer, en noviembre de 2016 le entregó los cuadernos a Bacigalupo para que los guardara, por temor a que se los robaran o a que su exesposa pudiera usarlos en su contra.
Tiempo después, Bacigalupo fue quien decidió acercarle el material al periodista Diego Cabot, del diario La Nación. Este los analizó y luego se los entregó a la Justicia, lo que significó el punto de partida de una de las causas más resonantes de los últimos años.
2. El mecanismo presuntamente utilizado: una red de recaudación paralela
La hipótesis de la fiscalía sostiene que durante los gobiernos kirchneristas se habría montado un esquema sistemático de cobro de sobornos. Empresarios de sectores como la obra pública, energía y transporte entregaban dinero ilegal a funcionarios que, según la acusación, actuaban como recaudadores.
Los fondos, según la investigación, se destinaban a dos fines: financiamiento político no declarado y enriquecimiento personal. En el expediente, el Ministerio de Planificación aparece como el área del Estado donde se concentraba y organizaba buena parte de ese flujo de dinero.
3. Los protagonistas: del corazón del gobierno a la cúpula del sector privado
La causa implicó a varios actores que representan dos ejes centrales del poder en Argentina: la política y el empresariado.
La figura más resonante es la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, procesada en la ‘Causa de los Cuadernos’ como presunta jefa de una asociación ilícita dedicada a estructurar el sistema de recaudación.
En paralelo, su situación judicial dio un giro drástico en otro expediente: la ‘Causa Vialidad’, donde fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta, una sentencia luego confirmada por la Corte Suprema. Actualmente cumple esa pena bajo arresto domiciliario.
La gran cantidad de “arrepentidos” añadió un componente excepcional: testimonios cruzados que reforzaron o contradijeron aspectos de la investigación, lo que aumenta su complejidad.
4. El debate sobre la prueba: fotocopias, testimonios y controversias judiciales
Uno de los puntos más debatidos es la validez jurídica de la prueba central: las fotocopias de los cuadernos, sobre las que avanzó la investigación en sus primeros tramos.
Tiempo después, un peritaje de la Gendarmería Nacional concluyó que los escritos digitalizados coinciden con varios de los cuadernos originales incorporados al expediente, y que la autoría corresponde a Centeno. Sin embargo, las defensas siguen cuestionando su autenticidad, trazabilidad, completitud y la existencia de enmiendas o correcciones en las anotaciones.
A esto se suma el debate sobre la figura del colaborador eficaz (‘arrepentido’), incorporada al Código Penal en 2016 y utilizada de manera masiva en esta causa. Hay quienes sostienen que estos testimonios pudieron haber sido obtenidos bajo presión para negociar reducciones de pena, mientras que los fiscales argumentan que fue clave para romper un presunto pacto de silencio.
5. El presente de la causa: fragmentación judicial y efectos políticos
A pesar del enorme impacto inicial, la causa no tiene aún condenas firmes. El ritmo lento, habitual en los procesos judiciales en Argentina, ha diluido parte del efecto original del caso, pero no ha eliminado su relevancia.
El movimiento más reciente llegó con el inicio, el 6 de noviembre, del primer juicio oral, a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 7. En esta etapa están imputadas 87 personas, una cifra que refleja la magnitud del caso: 22 exfuncionarios y 65 empresarios.
Del lado político, la lista incluye a la expresidenta Cristina Fernández, procesada en este tramo de la causa, y a buena parte de la estructura del antiguo Ministerio de Planificación Federal: el exministro Julio De Vido, su exsubsecretario Roberto Baratta, los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos Rafael Llorens.
El sector privado presenta también un grupo importante, entre contratistas históricos de obra pública y empresarios con fuerte presencia durante los gobiernos kirchneristas.
¿Por qué los cuadernos siguen capturando la atención pública?
Para Cindy Monzón, periodista de ‘Todo Noticias’ y ‘Diario Judicial’, el interés que despiertan los cuadernos tiene una explicación sencilla pero contundente.
“Esencialmente por quienes están involucrados. Nunca va a ser un dato menor que una expresidenta sea juzgada como cabeza de un supuesto esquema de corrupción a través de la obra pública”, señala en diálogo con France 24 en Español.
Agrega que a esto se suman, “varios exfuncionarios de dos gobiernos y empresarios muy importantes de la Argentina”, lo que amplifica de inmediato la atención pública.
El peso del expediente también está en la acusación fiscal. Monzón recuerda que la fiscal Fabiana León definió el caso como “un escándalo de corrupción sin precedentes en la historia de nuestro país”, una declaración que, asegura, contribuye a dimensionar el impacto del proceso.
Pero más allá de las imputaciones, la periodista subraya que la propia estructura del caso tiene un atractivo narrativo singular: “un chofer de un funcionario anota durante años recorridos, reuniones y supuestas entregas de dinero… esos cuadernos llegan a manos de un periodista y luego a un fiscal y comienza una causa judicial con más de 80 imputados”.
Para Sebastián Halperín, sociólogo, politólogo y consultor en opinión pública, el interés social por la ‘Causa Cuadernos’ no puede separarse del contexto económico actual. En escenarios de “bolsillos flacos”, explica, la sensibilidad hacia la corrupción aumenta y el tema escala rápidamente en las encuestas hasta ubicarse entre las principales preocupaciones.
Halperín remarca que la polarización moldea la lectura del expediente.
“Para los antikirchneristas, Cristina estaba condenada hace rato desde la sanción social; para los kirchneristas, esto es una maniobra de la justicia y de los grupos económicos”.
Al final, la ‘Causa de los Cuadernos’ avanza entre evidencias discutidas, testimonios clave, tensiones políticas y un juicio que recién empieza. Lo que ocurra en los próximos meses —o años— dirá menos sobre un expediente puntual que sobre la capacidad del sistema judicial argentino para procesar casos complejos sin quedar atrapado en la polarización.
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