La empresa, que en 2013 cambió de nombre a Orange, fue condenada a pagar una multa de 75.000 euros (83.000 dólares), la máxima en estos casos.

Por su parte, el expresidente general, Didier Lombard, y otros ejecutivos fueron condenados además a un año de cárcel, con ocho meses de suspensión de pena, y a pagar una multa de 15.000 euros por haber aplicado una política agresiva de reducción de efectivos.

El abogado de Didier Lombard anunció inmediatamente que su cliente apelará la sentencia.

Además, los acusados deberán también pagar conjuntamente más de tres millones de euros en concepto de daños y perjuicios a las partes civiles, que son mayoritariamente antiguos empleados y familiares de las víctimas.

El caso se remonta a diez años atrás. En ese entonces, France Telecom estaba en portada de todos los diarios y en los titulares de todos los noticieros en Francia a causa de una ola de suicidios.

En julio de 2009, Michel Deparis, un técnico, se suicidó y dejó una carta criticando técnicas de gestión “aterradoras”. “Me suicido por culpa de France Telecom. Es la única causa”, escribió en su misiva.

Dos meses después, un sindicato presentó una primera denuncia, seguida de muchas otras, así como de un informe escalofriante de la inspección del trabajo que sacó a la luz el acoso moral del que eran víctimas los empleados en medio de un plan de reestructuración que incluía el recorte de 22.000 puestos de trabajo.

Durante el juicio, varios testigos describieron el ambiente de trabajo, que hizo caer en depresión a muchos empleados. Entre los métodos utilizados había transferencias geográficas forzadas, disminución de sueldos o correos incesantes incitándolos a irse.

La mayoría de ellos eran funcionarios y no podían ser despedidos.

Lombard negó que la dirección tuviera responsabilidad alguna en las muertes, a pesar de haber dicho a los directivos en 2006 que “conseguiría que la gente saliera de una forma u otra, ya fuera por la puerta o por la ventana”.

Para el tribunal, “los métodos” aplicados para eliminar 22.000 puestos de trabajo eran “ilegales” y la empresa elaboró “un plan concertado para empeorar las condiciones de trabajo del personal con el fin de acelerar su salida”.

Esta política “creó un clima de ansiedad”, dijo la corte.