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Este artículo fue curado por pulzo   Feb 3, 2026 - 2:05 pm
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Hace menos de una semana, el representante Joaquín Castro visitaba en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas, a Liam Conejo, el niño ecuatoriano de cinco años que fue detenido junto a su padre en las redadas en Minneapolis, y se enteraba de las críticas condiciones en las que se encontraban allí cientos de familias.

A las denuncias sobre la baja calidad de los alimentos, aislamiento y altos costos de los productos dentro del centro, se suma ahora un nuevo elemento: un brote de sarampión que amenaza con agravar el panorama para 1.400 personas, de las cuales 400 son menores de edad.

Las autoridades del centro de detención han confirmado “dos infecciones activas de sarampión”, detectadas el 30 de enero y anunciaron una cuarentena en la instalación. La medida incluye el confinamiento de algunos de los migrantes detenidos allí, que podrían haber estado en contacto con los infectados.

Estados Unidos está viviendo un pronunciado repunte de los contagios de sarampión, en medio de la retórica antivacunas que impulsa el secretario de Salud Robert Kennedy Jr. y avala el presidente Donald Trump.

El aumento pone en riesgo la certificación como país libre de esta enfermedad, de la que gozaba desde el 2000.

Particularmente, Texas aportó 762 casos de los 2.200 que se registraron el año pasado a nivel nacional, incluyendo dos niños muertos y 99 personas hospitalizadas.

En lo corrido de 2026, ya ha arrojado 588 casos en todo el territorio nacional, de acuerdo con cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Liam y su padre Adrián, que regresaron a Minnesota el 2 de febrero luego de que un juez ordenara su liberación, fueron examinados al salir del centro y se confirmó que estaban libres de enfermedades.

Cuarentena y atención médica

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), informó que “el Cuerpo de Servicios de Salud de ICE (que está a cargo del centro) tomó medidas inmediatas” para “controlar la propagación” y que para ello ha detenido “todo movimiento dentro de la instalación”.

La funcionaria agregó, además, que “todos los detenidos reciben la atención médica adecuada” y que esta sea, probablemente, “la mejor atención sanitaria que estos extranjeros hayan recibido en toda su vida”.

Pero autoridades sanitarias y defensores de los derechos de los inmigrantes creen que esas medidas no son suficientes.

Lee Rogers, jefe de la unidad de podología de la Universidad de Texas en San Antonio, pidió declarar una emergencia de salud pública y explicó que la ocurrencia de contagios en un centro como Dilley “es más grave que un brote típico, porque la reclusión en régimen de congregación crea un riesgo de exposición casi universal”.

En una carta dirigida al Departamento de Servicios de Salud (DSHS) del estado, que fue publicada por el ‘Texas Tribune’, Rogers advirtió que el brote podría convertirse en una epidemia si no se actúa de inmediato, y que esa perspectiva pone en riesgo de colapso a los servicios de salud locales.

En su comunicación, Rogers recordó que “una de cada cinco personas que contraen el virus requiere hospitalización y entre uno y tres de cada 1.000 niños infectados mueren por complicaciones respiratorias o neurológicas”.

Sin embargo, el DSHS respondió a una consulta de un canal local, ‘News4SA’, al afirmar que es pronto para determinar como un brote los dos casos detectados, ya que se trata de contagios aislados que ya no son infecciosos.

El DSHS agregó que ha suministrado al centro de detención las dosis de vacunas contra el sarampión que fueron solicitadas por ICE.

Clamando por el cierre

Los anuncios del DSHS no calman las preocupaciones de organizaciones de defensa de los inmigrantes, que esperan que la cuarentena no se convierta en una excusa a largo plazo para impedir las visitas de inspección de legisladores o la asistencia regular de abogados de los detenidos.

“Mientras tanto, estamos profundamente preocupados por la salud física y mental de cada familia detenida en Dilley. Es importante recordar que no es necesario detener a ninguna familia”, apuntó Neha Desai, abogada del Centro Nacional de Derecho Juvenil, que representa a los niños bajo custodia migratoria.

El legislador Joaquín Castro, que ha estado abogando por el cierre del centro de detención, indicó en redes sociales que el brote es una nueva muestra de por qué la instalación debe ser cerrada “inmediatamente”.

“Estos niños están muy traumatizados”

“Debido a las condiciones de combate reducido en Dilley, la falta de respuesta médica rápida y capacidad y la falta de experiencia en enfermedades como el sarampión, Dilley no está preparado para combatir cualquier propagación”, agregó Castro en la publicación.

Una semana antes, durante su visita a Liam Conejo, Castro había constatado las condiciones de reclusión de los migrantes en Dilley y alertó sobre las consecuencias sobre la salud mental de los menores detenidos.

“Vimos todo el espectro, todo el espectro de niños, un niño de nueve años que fue detenido en Austin y que pasó la Nochevieja siendo procesado en esta cárcel, una niña pequeña que me abrazaba la pierna, pidiéndonos ayuda para sacarla de allí. Estos niños están muy traumatizados (…) Y los propios padres traumatizados”, declaró Castro al canal ‘PBS News’.

Dilley, construido en 2014, estaba en camino a ser cerrado al final del periodo del expresidente Joe Biden, pero fue puesto de nuevo en funcionamiento a la llegada de Donald Trump, bajo cuyas órdenes se ha disparado de 39.000 a 70.000 el número de inmigrantes detenidos en todo el país.

Los muros de la instalación fueron escenario de una protesta de decenas de familias, que se formaron en el patio para exigir la liberación de Liam Conejo y de los otros niños encerrados allí.

“Que los niños y sus padres arriesguen represalias bajo estas condiciones para alzar la voz es un testimonio tanto de lo valientes que son como de lo abismales que son las condiciones de este lugar”, destacó Eric Lee, un abogado de inmigración presente en el centro al momento de la protesta.

El pasado diciembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reconoció en un escrito ante un juzgado federal que cientos de niños han permanecido detenidos en Dilley más allá de los plazos fijados por cortes de inmigración que conocen sus casos.

Con EFE, Reuters y medios locales

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