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La Cámara Baja, controlada por los republicanos, enfrenta una votación clave este martes 3 de febrero para aprobar un paquete de financiación que permitiría reabrir el Gobierno y evitar una paralización prolongada de los servicios federales.
La votación prevista se producirá tras el inicio de un cierre parcial que comenzó el pasado sábado 31 de enero y que podría extenderse si los legisladores no logran un acuerdo.
Aunque el Senado ya aprobó la legislación por un amplio margen bipartidista y el presidente Donald Trump manifestó su respaldo explícito, el panorama en la Cámara de Representantes es más incierto debido a una inusual convergencia de rechazos provenientes tanto de demócratas como de republicanos de línea dura.
La propuesta que se someterá a votación financiaría hasta octubre áreas clave del Gobierno federal, como defensa, salud, trabajo, educación y vivienda.
Además, extendería de manera temporal la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mientras demócratas y republicanos negocian posibles cambios en la aplicación de las leyes migratorias, en particular en el funcionamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Si la Cámara Baja aprueba el proyecto, este sería enviado al escritorio de Donald Trump para su promulgación. El presidente ya adelantó que lo firmará de inmediato si supera el último escollo legislativo.
Una mayoría mínima y margen casi inexistente
Mike Johnson enfrenta esta votación con una mayoría extremadamente ajustada. Tras recientes elecciones especiales, los republicanos cuentan con 218 escaños frente a los 214 de los demócratas, lo que significa que, con asistencia plena, el presidente de la Cámara solo puede permitirse perder un voto de su propio partido si los demócratas votan en bloque en contra.
Este equilibrio precario ha amplificado el poder de los sectores más duros del Partido Republicano, que han amenazado con bloquear el proyecto si no se incluyen demandas específicas. Entre ellas, se destacan los pedidos para incorporar disposiciones que exijan prueba de ciudadanía estadounidense para registrarse para votar y la obligatoriedad de identificaciones con fotografía en los comicios.
Johnson ha rechazado públicamente esa posibilidad, afirmando que esas medidas no deben formar parte de un proyecto de financiación del Gobierno.
“Los republicanos se toman en serio la gobernanza. Lo demostraremos”, declaró, en un intento de mostrar control sobre una conferencia profundamente dividida.
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Trump interviene, demócratas rechazan
Ante el riesgo de que el proyecto se descarrile, Donald Trump intervino de manera directa. El lunes 2 de febrero, en la víspera de lal votación, instó a los legisladores republicanos a no modificar el texto aprobado por el Senado, advirtiendo que cualquier cambio podría prolongar el cierre del Gobierno.
En un mensaje difundido en redes sociales, Trump pidió unidad y reclamó apoyo total al proyecto. “No puede haber ningún cambio en este momento”, escribió, en un llamado explícito a cerrar filas detrás de su estrategia.
Entretanto, los demócratas han anunciado que votarán en contra en una instancia clave: la votación procesal inicial que establece las reglas del debate en la Cámara. El líder demócrata, Hakeem Jeffries, dejó claro que su bancada no ayudará a los republicanos a superar este obstáculo, aun cuando el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, participó en la negociación del paquete aprobado por la Cámara Alta.
Jeffries sostuvo que la norma procesal incluye una serie de iniciativas que los demócratas consideran “tóxicas”, entre ellas resoluciones para declarar en desacato al Congreso, al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, en relación con la investigación sobre Jeffrey Epstein.
“Si tienen un mandato masivo, entonces aprueben su norma”, afirmó Jeffries, cuestionando la capacidad de los republicanos para gobernar con una mayoría tan ajustada. Aun así, se espera que algunos demócratas puedan respaldar el proyecto final si logra superar el escollo procedimental.
ICE, Minneapolis y el DHS
Uno de los puntos más sensibles del debate gira en torno al Departamento de Seguridad Nacional. Los demócratas han exigido cambios en las tácticas de control migratorio tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis el mes pasado.
En este contexto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que los oficiales de inmigración desplegados en esa ciudad comenzarán a utilizar cámaras corporales, una medida que se extenderá progresivamente a nivel nacional a medida que haya presupuesto disponible.
La decisión fue comunicada tras conversaciones con altos funcionarios del DHS y se enmarca en un intento de responder a las demandas demócratas para aprobar la financiación del departamento.
Trump respaldó públicamente el uso de cámaras corporales, señalando que son positivas para el cumplimiento de la ley en la mayoría de los casos. No obstante, la implementación del programa depende directamente de la aprobación presupuestaria, lo que añade presión a la votación en la Cámara.
Migración, el telón de fondo político
El debate presupuestario se desarrolla en paralelo a una intensificación de la política migratoria de Trump, que ha prometido redoblar las deportaciones en ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, Los Ángeles y Nueva York. Al mismo tiempo, la administración ha pausado arrestos en sectores económicos dependientes de la mano de obra inmigrante, como la agricultura y la hotelería.
Esta estrategia ha generado confusión entre inmigrantes y activistas, que denuncian un clima de temor persistente. Gobernadores demócratas, como Gavin Newsom en California, acusaron a Trump de buscar deliberadamente el caos en estados opositores para justificar una mayor militarización y consolidar poder político.
Las políticas migratorias también se han convertido en una herramienta de movilización para ambos partidos, alimentando la polarización que atraviesa la votación presupuestaria.
La Ley SAVE como obstáculo de último momento
Otro foco de la disputa es la insistencia de algunos republicanos en incorporar la llamada Ley SAVE al paquete de financiación.
Esta iniciativa exige que los votantes presenten prueba de ciudadanía estadounidense para registrarse, lo que, según el Centro Brennan para la Justicia, obligaría a millones de personas a contar con documentos como pasaportes o certificados de nacimiento.
La senadora demócrata Anna Paulina Luna había amenazado con bloquear el proyecto si la ley no era incluida, aunque luego dio señales de moderación tras conversar con Trump sobre un posible “camino a seguir” en el Senado.
Desde el espacio demócrata, Schumer advirtió que sumar esa legislación provocaría un nuevo cierre prolongado del Gobierno.
Con AP, Reuters y EFE
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