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Una de las mayores reservas de litio del planeta la tiene Bolivia. El recurso es determinante para la transición energética mundial. Sin embargo, la falta de avances tecnológicos, las demoras en la industrialización y la incertidumbre sobre su modelo de explotación mantienen en suspenso la promesa de convertir al país en potencia del “petróleo blanco” del siglo XXI.
En el corazón del altiplano boliviano, el Salar de Uyuni —una planicie blanca que se extiende por más de 10.000 km²— guarda una de las mayores promesas energéticas del planeta.
Bolivia junto a Argentina y Chile integran el llamado Triángulo del Litio, una región que concentra alrededor del 65 % de las reservas mundiales de este mineral considerado esencial para la transición hacia una economía libre de combustibles tradicionales.
Actualmente los países compiten por reducir su dependencia de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, respondiendo a las demandas del mercado y a las alertas de la ONU y de organismos científicos sobre el cambio climático y, en este contexto, el litio se ha convertido en el metal más codiciado de la transición energética, fundamental para almacenar y transportar energía limpia en vehículos eléctricos, baterías portátiles y sistemas de energías renovables.
Héctor Córdova, expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y exministro de Minería, y hoy analista en la Fundación Jubileo, explica que el proceso de extracción del litio mediante la evaporación en piscinas, consiste en bombear agua salada desde los salares hacia grandes piscinas en las que se deja evaporar, concentrando los minerales y separando sodio, potasio y litio.
“Aunque Bolivia planeó 20 líneas de piscinas, la eficiencia de la tecnología es muy baja: solo recupera entre el 15 y 20 % del litio disponible. La pandemia interrumpió su construcción, dejando menos de la mitad de las piscinas funcionando y a menos del 20 % de su capacidad”, explica.
El país cuenta con dos grandes salares en el suroeste: Uyuni en el departamento de Potosí y Coipasa en el departamento de Oruro, además de 19 salares menores.
De acuerdo con Córdova, allí funcionan dos fábricas piloto —una de baterías y otra de material catódico— cuya producción, aunque reducida, permite entrenar personal y definir los parámetros para una futura producción industrial.
Córdova advierte sobre uno de los mayores riesgos que enfrenta Bolivia en la explotación del litio: la volatilidad del mercado internacional y sus efectos directos en la rentabilidad y en el impacto ambiental del sector.
En los últimos dos años, recuerda, el precio del mineral se ha desplomado más de un 80%, al pasar de unos US$70.000 por tonelada a cerca de US$10.000, una caída que pone en evidencia la fragilidad de un mercado aún en formación.
“La volatilidad en los precios del litio y la creciente demanda de baterías para vehículos eléctricos presentan tanto oportunidades como riesgos para la economía boliviana, que debe equilibrar el desarrollo de esta industria con la protección de sus recursos naturales y el bienestar de las comunidades locales”, sostiene el experto.
¿Quién decide sobre el litio?
La explotación del litio en Bolivia se encuentra bajo el control de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la empresa estatal que se encarga de toda la cadena, desde la extracción hasta la comercialización del mineral, así está establecido en la Ley 928 de 2017.
Sin embargo, el Gobierno de Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), ha impulsado alianzas con empresas extranjeras para impulsar la construcción de plantas y acelerar la producción industrial.
En noviembre del 2024, YLB firmó un contrato con el consorcio chino Hong Kong CBC para construir dos plantas de carbonato de litio de calidad para baterías, con una inversión de 1.030 millones de dólares.
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Posteriormente, en septiembre, firmó un acuerdo con la empresa rusa Uranium One Group, filial de la multinacional Rosatom, para instalar una tercera planta industrial destinada a ampliar la capacidad de procesamiento del mineral.
Estos contratos han sido cuestionados no solo por la forma en que se llevaron a cabo las negociaciones y los términos, sino también por la falta de consulta a las comunidades indígenas y campesinas, así como por los posibles impactos ambientales.
En este sentido, Gonzalo Mondaca, ingeniero ambiental e investigador adjunto del Centro de documentación e información Boliviana, CEBID, explica para France 24 que de ejecutarse los contratos firmados con China y Rusia para la extracción directa del litio, EDL, demandarán hasta cinco veces más el volumen de agua dulce que emplea la estatal Yacimientos de Litio Boliviano y 15 veces más de la lluvia que cae en la zona del Salar de Uyuni y sus alrededores.
“La gran demanda de agua, de recursos hídricos que tiene la minería del litio con EDL tiene un impacto muy fuerte, hay dudas sobre la calidad de la evaluación de estas empresas porque sus demandas de agua son mucho más altas que las de proyectos similares en América Latina“, señaló.
Científicos del Cono Sur denuncian el viraje “corporativo” de la energía limpia
El investigador argentino Bruno Fornillo, doctor en Ciencias Sociales y en Geopolítica, advierte que el cambio hacia energías limpias no está exento de contradicciones.
“La transición del sector fósil al renovable no está pensada en función del bien humano, sino como una transición energética corporativa que genera impactos irreversibles en los ecosistemas”, sostiene el académico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y autor del libro ‘Todo sobre el litio’.
Fornillo subraya además la necesidad de una mirada común entre los países del Triángulo del Litio.
“Debería haber una articulación regional con Bolivia y Chile, no solo para coordinar la explotación del recurso, sino también para impulsar una transición socioecológica, justa y popular, que involucre a las comunidades y respete la biodiversidad“, enfatiza.
Desde Chile, Antonio Pulgar, abogado y coordinador de Estudios en la ONG Fima, comparte la preocupación por el rumbo que está tomando la industrialización del litio.
“Cuando se habla de transición energética, hay que preguntarse para quién se produce y quiénes se benefician. ¿Seguiremos reproduciendo un modelo de extracción colonial como el que ha marcado la historia de América Latina? ¿Y qué ocurre con los acuerdos de Escazú y Ramsar, que buscan garantizar justicia y protección en los asuntos ambientales?”, plantea.
Pulgar, que trabaja junto a la Alianza de humedales Andinos, coincide con el investigador argentino en la falta de una articulación real a nivel regional. Sin embargo, destaca iniciativas que buscan revertir esa tendencia.
“Desde la Alianza de Humedales Andinos, diversas organizaciones socioambientales impulsan la protección y conservación de los ecosistemas altoandinos, así como de los territorios de las comunidades locales, campesinas e indígenas que dependen de ellos en toda Latinoamérica”, resalta.
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El litio, eje de una disputa geopolítica global
El litio no solo se mide en toneladas o divisas: se mide en poder. Su peso estratégico crece a medida que las potencias —China, Estados Unidos, Europa y Rusia— compiten por asegurar su acceso y dominio tecnológico.
En medio de ese tablero global, Bolivia, con una de las mayores reservas del mundo y aún dependiente de tecnología extranjera para su explotación, se erige como un jugador clave.
“Las decisiones sobre contratos, inversión extranjera y producción industrial no solo inciden en la economía local, sino que redefinen la posición del país en el mapa político internacional. Quien controle el litio influirá en los mercados y en el rumbo de la transición energética global, y China ya lleva la delantera en la refinación de este mineral”, señala el analista Héctor Córdova.
En vísperas de sus elecciones presidenciales, Bolivia enfrenta un dilema que resume las tensiones del siglo XXI: cómo avanzar hacia un futuro energético más limpio sin ceder soberanía ni marginar a las comunidades que habitan los territorios del litio.
En esa encrucijada, el país no solo decide su propio destino, sino que también encarna los desafíos de un planeta que busca descarbonizarse sin repetir las desigualdades del pasado.
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