El Parlamento de Bolivia evitó este martes entre golpes e insultos la censura al ministro del Interior, Eduardo del Castillo, quien compareció a una interpelación por la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido a fines del año pasado por la crisis de 2019.

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La bancada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), partido mayoritario en el Parlamento, superó sus diferencias internas y aprobó con 88 de 151 votos el orden del día “puro y simple”, con lo que evitó que se proceda a considerar la censura a la autoridad.

Del Castillo se presentó ante el Legislativo para responder a un cuestionario de 11 preguntas que la oposición legislativa diseñó para que explicara los fundamentos legales de la detención de Camacho, el pasado 28 de diciembre.

La diligencia entró en mayor tensión cuando un grupo de legisladoras opositoras con varios carteles intentaron acercarse al ministro, pero fueron obstruidas por sus colegas mujeres del MAS, que rompieron los letreros y comenzaron a agredirlas por medio de empujones, puños y patadas.

El vicepresiente del país y presidente del Legislativo, David Choquehuanca, intercedió para que se retomara la calma en la sesión y el ministro se refiriera únicamente a responder las preguntas.

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El ministro fue citado para esclarecer lo ocurrido en detención de Camacho, cuando la Policía activó un polémico operativo para ejecutar una orden de captura y posteriormente un juez le impuso cuatro meses de detención preventiva por una acusación por terrorismo en el caso ‘golpe de Estado I’.

Al cumplirse ese tiempo a fines de abril, se amplió su detención por cuatro meses más, por lo que el gobernador cruceño debe permanecer en prisión hasta agosto.

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Antes de brindar sus respuestas, el ministro se refirió a la crisis de 2019 y relacionó a Camacho con esos sucesos que calificó como un “golpe de Estado” contra el expresidente Evo Morales, quien renunció a la presidencia entre acusaciones de un fraude electoral.

Del Castillo argumentó que el arresto del Gobernador de Santa Cruz “se efectuó en el marco de la ley”, ya que se emitió una orden de aprehensión dos meses antes de su ejecución.

La autoridad remarcó que durante la aprehensión de Camacho “no se produjo ni un solo disparo” ni hubo “uso de armas de fuego”, pese a que sus partidarios aseguraron que fue víctima de un “secuestro” violento.