Los colegios electorales de Argentina abrieron a las 8:00 a.m. (hora local) de este domingo para los comicios generales en los que se elegirán presidente y vicepresidente y se renovará parcialmente la composición del Parlamento.
Unos 33,8 millones de argentinos deben acudir a las urnas para optar entre las seis fórmulas presidenciales que en estas elecciones compiten por un mandato de cuatro años al frente del Ejecutivo, que se iniciará el próximo 10 de diciembre.
Cerca de 100.000 efectivos militares y de las fuerzas de seguridad custodian las 100.185 mesas de votación distribuidas en 14.546 escuelas de todo el país, que estarán abiertas hasta las 18:00 hora local (21:00 GMT).
Otras 60.000 personas están abocadas a la logística de la elección.
Según el Ministerio del Interior, responsable del escrutinio provisional que se realizará en la noche de hoy, los primeros resultados oficiales estarán disponibles a partir de las 9:00 p.m. (hora local), con el objetivo de tener contabilizado el 90 % de las mesas de votación hacia la medianoche de este domingo.
En tanto, el escrutinio definitivo, a cargo de la justicia electoral y con validez legal, se iniciará el martes próximo.
El voto es obligatorio para todas aquellas personas que tengan entre 18 y 70 años y, desde 2013, los jóvenes de 16 y 17 años pueden ejercerlo de forma optativa, opción que ya tenían los mayores de 70 años.
En esos comicios las dos fórmulas más votadas fueron las del opositor Frente de Todos, con el peronista Alberto Fernández como candidato a presidente y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) como postulante a la vicepresidencia, y la de la coalición oficialista Juntos por el Cambio, que lidera el presidente Mauricio Macri, aspirante a la reelección, y el senador Miguel Ángel Pichetto como candidato a vicepresidente.
Para imponerse en primera vuelva, una fórmula presidencial necesita obtener al menos el 45 % de los votos afirmativos o más del 40 % y diez puntos porcentuales sobre su principal competidora.
De lo contrario, las dos fórmulas más votadas deberán medirse en una segunda vuelta, prevista para el 24 de noviembre.
A nivel nacional, los ciudadanos votan hoy, además de para elegir presidente y vicepresidente, para renovar parcialmente la composición del Congreso, donde se ponen en juego 130 escaños en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado.
De forma simultánea con los comicios nacionales, se celebran elecciones para gobernador en las provincias de Buenos Aires, Catamarca y La Rioja y para alcalde en la capital del país.
Por su parte, los uruguayos también comenzaron a votar para elegir nuevo presidente, en una elección que podría dirimirse en un balotaje y en la que los votantes deberán pronunciarse también sobre una reforma de seguridad que promueve la creación de una guardia nacional militarizada.
Las mesas de votación abrieron para que sufraguen unos 2,6 millones de ciudadanos habilitados, en unos comicios que tienen como favoritos al oficialista exalcalde de Montevideo Daniel Martínez, con 40% de la intención de voto, y al exsenador de centroderecha Luis Lacalle Pou, con 28%.
El postulante del Frente Amplio (izquierda) y el del Partido Nacional pasarían a una segunda vuelta que tendría lugar en noviembre si ninguno obtiene la mitad más uno de los votos válidos.
El presidente Tabaré Vázquez (Frente Amplio, izquierda), que culminará su segundo mandato el 1 de marzo, dijo este domingo que “los uruguayos tienen gran adhesión al sistema democrático”, y se refirió también a su salud, luego de ser diagnosticado recientemente con cáncer de pulmón.
Mientras Martínez, un ingeniero de 62 años, propone la continuidad de las políticas del Frente Amplio, que gobierna desde 2005 y busca su cuarto mandato, Lacalle Pou, un abogado de 46 años, plantea cambios en materia de gasto público, comercio y política exterior.
Durante la campaña el candidato opositor ha sido un duro crítico del persistente déficit fiscal en Uruguay, que durante los gobiernos del Frente Amplio ascendió a 4,8% del PIB, y ha propuesto una serie de medidas para ahorrar en el Estado pero sin subir impuestos tras varios ajustes fiscales basados en incrementos de tributos y alzas de tarifas de servicios públicos.
El candidato oficialista, en tanto, no descarta ninguna herramienta para subsanar los problemas de caja de Uruguay, que tiene gran acceso a los mercados de deuda y financia su brecha financiera con ese mecanismo.
Además de elegir presidente y renovar el 100% del Parlamento, los uruguayos se pronunciarán sobre una propuesta de reforma constitucional sobre seguridad.
Considerado en otra época un oasis de paz en una región turbulenta, Uruguay ha visto degradarse sus estadísticas de seguridad en los últimos años. El país registró un récord de homicidios en 2018 (414), con un alza de un 45% respecto a 2017.
La reforma promueve la creación de una guardia nacional con efectivos militares en tareas policiales; la instauración de la cadena perpetua “revisable” a los 30 años para delitos graves; penas más duras de prisión para homicidas y violadores, y la autorización de allanamientos nocturnos de hogares por orden judicial en caso de sospecha de ilícitos.
Aunque no la apoya ninguno de los 11 candidatos presidenciales y ha sido objeto de una fuerte campaña en contra por parte de movimientos sociales, sindicatos y el oficialista Frente Amplio, según encuestas publicadas esta semana, entre 39 y 53 por ciento de la ciudadanía se declara favorable a la propuesta.
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