Esa fue la respuesta al recurso de ‘habeas corpus’ que interpuso la semana pasada el equipo de defensa del empresario colombiano Álex Saab, detenido en Cabo Verde a la espera de que se resuelva una solicitud de extradición de Estados Unidos, que lo señala de ser testaferro de Nicolás Maduro y de su familia.

El ‘habeas ‘corpus’ es el derecho que tiene todo detenido a comparecer ante el juez para que resuelva si su arresto fue o no legal y determinar su libertad. El recurso se interpuso por haberse “excedido el periodo máximo permitido para permanecer en prisión”, por lo que “Saab se encuentra detenido ilegalmente”, según alegó la defensa de Saab, detenido el pasado 12 de junio en ese país africano.

La negativa de la justicia caboverdiana al requerimiento de Saab fue confirmada este jueves a Efe fuentes próximas a la defensa.

El exjuez español Baltasar Garzón, que lidera el equipo defensor de Saab, aseveró este mes que “el plazo máximo de privación de libertad en el marco de un proceso de extradición, bajo la legislación caboverdiana, es de ochenta días“.

Por ese motivo, los abogados requerían la excarcelación de Saab y que “permanezca en libertad, bajo vigilancia, hasta que la decisión sobre su proceso de extradición se resuelva“.

Sin embargo, el STJ, con sede en Praia, capital caboverdiana, dictaminó este jueves que el Ministerio Público tiene derecho a solicitar una prórroga de la detención, explicaron a Efe las citadas fuentes de la defensa.

Otro motivo esgrimido por los abogados para cambiar el régimen de prisión preventiva tiene que ver con el frágil estado de salud de Saab, pero este supuesto también fue rechazado por el tribunal, que aún debe pronunciarse sobre su extradición a EE.UU.

Este octubre, el señalado testaferro de Maduro presentó su caso de extradición ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), bloque regional al que pertenece Cabo Verde.

Ese tribunal se mostró favorable la semana pasada a que Cabo Verde permita una atención médica externa al empresario colombiano.

Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, tras una petición de EE.UU. cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.

Tanto el gobierno como un tribunal del país insular africano han aprobado la extradición del empresario, pese a que la defensa ha apelado contra la decisión de esa corte ante el STJ.

Tras mantener un perfil bajo en Colombia, el nombre de Saab apareció en la prensa cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

El empresario, nacido en Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas, Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del gobierno estadounidense aseguró en julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron con “cientos de millones de dólares”.

Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares (unos 296 millones de euros) supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Según EE.UU., entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015 Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.