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Afganistán: Cuatro años de retrocesos bajo el Talibán y la crisis de los derechos de las mujeres
A cuatro años del regreso del Talibán al poder, Afganistán atraviesa una crisis sin precedentes que ha borrado sistemáticamente a mujeres y niñas de la vida pública, educativa y laboral. Desde la reapropiación del gobierno en 2021, el régimen islamista ha eliminado derechos fundamentales: las niñas tienen prohibido estudiar más allá del sexto grado, las mujeres han sido apartadas de la mayoría de los trabajos y, en regiones como Herat o Kandahar, la movilidad femenina depende de un “mahram”, un tutor masculino. Además, la Constitución progresista de 2004 y sus protecciones legales han sido suspendidas en todo el país, lo que, según ONU Mujeres, configura “la peor crisis de derechos femeninos del planeta”.
Este endurecimiento de las normas no es solo nominal. La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) advirtió sobre nuevas restricciones: en Herat, el uso obligatorio del chador—velo que cubre rostro y cabello—para entrar a mercados y al transporte público; en Kandahar, tarjetas especiales para trabajadoras sanitarias avaladas por hombres de la familia; y, en un hecho drástico, la exclusión total de chicas adolescentes del examen universitario de 2025, eliminando su acceso a estudios superiores. La represión violenta, como la respuesta oficial a protestas en Badakhshan por la erradicación forzada de cultivos, ha dejado víctimas mortales y refuerza el clima de miedo y control estatal.
Contexto y consecuencias de la regresión
El contraste con las dos décadas previas no podría ser más marcado. Tras la caída del primer régimen talibán en 2001, Afganistán vivió avances moderados hacia la igualdad: la Constitución de 2004 estableció derechos progresistas para mujeres, garantizando acceso a educación y participación laboral. Según datos de Human Rights Watch, cientos de miles de niñas regresaron a las escuelas y muchas mujeres comenzaron a trabajar, incluso accediendo a cargos políticos, pese a barreras y amenazas constantes.
Todo esto se ha revertido de forma abrupta desde agosto de 2021. La suspensión de la Carta Magna y el regreso a interpretaciones estrictas de la Sharía—la ley islámica—han institucionalizado la discriminación estructural de género, como subraya Amnistía Internacional en 2024. El impacto humanitario es profundo: UNICEF documenta un colapso social agravado por el retorno de más de dos millones de afganos en 2025, incluidos medio millón de niños, lo que aumenta la presión sobre servicios ya devastados. Las oportunidades de educación y empleo, fundamentales para crear un futuro resiliente, se han perdido para generaciones enteras.
Reacciones y desafíos en el ámbito internacional
La reacción de la comunidad internacional, liderada por agencias como ONU Mujeres y UNICEF, ha sido de alarma y denuncia, pero vacila entre condenas simbólicas y acciones limitadas por el aislamiento y la falta de presión real sobre el régimen talibán. Ted Chaiban, director de Acción Humanitaria de UNICEF, afirmó que el acceso a la educación para adolescentes es “crítico no solo para las niñas, sino para toda la sociedad”. Sin embargo, bloqueos de ayuda, intereses geopolíticos y ausencia de mecanismos de sanción dificultan la respuesta coordinada, como señala International Crisis Group.
Pese a la represión y el miedo, redes de resistencia femenina persisten, clandestinamente, en la educación y el apoyo comunitario, demostrando que el anhelo por la igualdad aún resiste. Organizaciones como The Guardian reportan que un cambio real solo será posible mediante un compromiso internacional que promueva soluciones inclusivas y dé voz protagonista a las mujeres afganas.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué consecuencias económicas tiene la exclusión de mujeres del trabajo y la educación en Afganistán?
El retroceso impuesto por el Talibán no solo vulnera los derechos individuales, sino que afecta la economía globalmente. Al impedir que la mitad de la población acceda a educación y empleo, se limita el desarrollo productivo y se perpetúa el ciclo de pobreza. Organizaciones como UNICEF advierten que la falta de mujeres en la fuerza laboral y la carencia de formación para nuevas generaciones comprometen la auto-suficiencia de la sociedad afgana y aumentan la dependencia de ayuda internacional, dificultando la reconstrucción tras décadas de conflicto.
Además, la exclusión de las mujeres impacta de forma directa en el bienestar familiar, ya que en muchos hogares femeninos eran el único sustento. Esta situación incrementa la vulnerabilidad frente a crisis alimentarias y sanitarias, agravadas por el colapso institucional y restricciones humanitarias. Sin acceso a recursos ni autonomía, las mujeres y niños quedan expuestos a múltiples formas de explotación y marginación.
¿Qué significa la Sharía y cómo afecta los derechos de las mujeres en Afganistán?
La Sharía es un sistema de normas legales derivadas de la interpretación del Corán y otras fuentes islámicas. En Afganistán, bajo el régimen talibán, la aplicación de la Sharía se caracteriza por su rigorismo y por una lectura restrictiva que penaliza de modo especial a las mujeres, restringiéndoles libertades básicas y autonomía personal.
El uso autoritario de la Sharía legitima medidas como la prohibición del trabajo y la educación femenina, la imposición de vestimenta y la exigencia de un tutor masculino, eliminando la capacidad de las mujeres para decidir sobre su vida. Como han advertido Human Rights Watch y Amnistía Internacional, esta instrumentalización legal justifica la exclusión sistemática y obstaculiza cualquier intento de reclamar derechos.
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