La fiscalía boliviana emitió una orden de captura contra el reconocido cantante por un grave delito derivado de su inasistencia a un concierto en ese país.

En un insólito giro de eventos, Don Omar y sus productores fueron acusados de estafa al vender todas las boletas de un concierto en la ciudad de Santa Cruz y no presentarse al mismo.

Esta es la orden de captura:

 

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En declaraciones a medios bolivianos, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Rojas, informó que los responsables de la organización, entre ellos el hermano del cantante fueron arrestados “con fines investigativos”.

El jefe policial indicó que “el compromiso era que (el concierto) se iba a llevar a cabo hoy” toda vez de que ya hubo una primera cancelación de la presentación que debía hacerse en las ciudades de La Paz y Santa Cruz a principios de diciembre pasado.

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Rojas indicó que “muchas personas consiguieron su boleto” llegaron inclusive desde el interior del país y se quedaron a la espera de la realización del evento en los exteriores del principal estadio de La Paz, Bolivia.

La aprehensión de los organizadores se efectuó después de la conferencia de prensa que ofrecieron los organizadores del evento para explicar las razones por la que el cantante no pudo llegar a Bolivia para cumplir con los eventos en La Paz y Santa Cruz.

Héctor Landron, hermano del cantante, mencionó que Don Omar debía tomar un vuelo privado que lo trasladara desde Estados Unidos hasta La Paz, pero que la aeronave que la empresa proveedora ofreció “no tenía” los requisitos de seguridad necesarios, por lo que no se pudo tramitar a tiempo el permiso de aterrizaje de una nueva aeronave.

La alternativa que ofreció el hermano y representante del cantante fue aplazar un día la presentación en La Paz y Santa Cruz, incluso mencionó que él mismo se quedaría “como garantía” y remarcó que “el artista va a llegar”.

La cancelación del evento provocó la molestia de miles de fanáticos que desaforados protestaron contra la organización del evento y pidieron que los responsables “salgan a dar la cara” por los inconvenientes.

El Viceministerio de Defensa del Consumidor anunció inicialmente una multa aproximada de 3.400 dólares equivalentes en unidades de fomento a la vivienda (UFV) y que estará pendiente a lo que determine la fiscalía.