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Muere Fernando Cano en Ucrania: el rostro de una peligrosa realidad para jóvenes colombianos
La muerte de Fernando Cano, un joven colombiano fallecido durante una operación militar en Ucrania, ha sacado a la luz una problemática cada vez más recurrente, donde factores económicos, sociales y geopolíticos convergen en el éxodo de colombianos hacia conflictos armados en el extranjero. Según confirmó la Cancillería de Colombia, al menos 64 ciudadanos del país han perdido la vida en los tres años recientes de enfrentamiento en Ucrania, la mayoría de ellos exintegrantes de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional. La motivación principal detrás de esta alarmante cifra radica en la promesa de altos salarios, una propuesta diseminada por redes sociales y reclutadores informales que, en la práctica, suele traducirse en engaños y, en no pocos casos, desenlaces trágicos.
El caso de Cano es emblemático no solo por su desenlace fatal, sino también porque ilustra el contexto de vulnerabilidad que enfrentan muchos jóvenes colombianos. Según análisis recientes del Centro de Estudios de Conflictos y Seguridad Internacional (CECSI), Colombia se encuentra entre los países latinoamericanos con mayores tasas de desempleo y subempleo juvenil. Esta realidad empuja a cientos de jóvenes, en especial a quienes cuentan con experiencia militar previa, a buscar alternativas en escenarios peligrosos fuera del país. La falta de oportunidades laborales dentro de Colombia se convierte así en el caldo de cultivo ideal para el reclutamiento internacional.
La Cancillería ha informado que mantiene el acompañamiento a las familias afectadas y se encuentra en proceso de repatriar los cuerpos, aunque seis cadáveres permanecen en Ucrania y otros 122 colombianos han sido reportados como desaparecidos en combate. Esta cifra revela no solo la magnitud del fenómeno, sino también la dificultad que enfrentan las autoridades para ubicar y asistir a sus ciudadanos implicados en el conflicto. Organizaciones civiles y colectivos de excombatientes han instado al gobierno colombiano a establecer protocolos de atención más robustos y campañas de información que reduzcan la desinformación sobre las verdaderas condiciones que enfrentan quienes deciden viajar a zonas de guerra.
Un reportaje de la BBC World Service expone cómo operan los reclutadores a través de plataformas digitales y webs poco reguladas, vendiendo la guerra en Ucrania como una oportunidad laboral con ingresos superiores a cualquier trabajo similar en Colombia, pero sin advertir los profundos riesgos físicos, legales y psicológicos. Expertos en relaciones internacionales, citados por medios especializados, han advertido que la presencia de combatientes extranjeros en Ucrania se da en un marco legal ambiguo y con escasa protección humanitaria, lo que complica el eventual regreso de los sobrevivientes y eleva la vulnerabilidad de quienes participan.
Este fenómeno no es nuevo para Colombia, pero el alcance que ha adquirido con el conflicto ucraniano y la facilidad para ser reclutado a través de la globalización y las plataformas digitales representan características inéditas. Según informes académicos de la Universidad Nacional de Colombia y de organizaciones de derechos humanos, es indispensable abordar tanto la raíz económica de la migración de mano de obra hacia conflictos armados como fortalecer los mecanismos de prevención e intervención gubernamental para impedir nuevos casos.
La historia de Fernando Cano simboliza el costo humano de una tendencia impulsada por las desigualdades internas y la precariedad laboral. Su fallecimiento y el de decenas de compatriotas evidencian que la búsqueda de mejores horizontes puede, cuando no existen alternativas reales dentro del país, convertirse en una trampa mortal. El desafío sigue siendo, para el Estado y la sociedad colombiana, construir caminos seguros y legítimos que eviten que más jóvenes caigan en las redes del reclutamiento ilegal internacional.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Cuál es la situación legal de los colombianos que participan en conflictos armados en el extranjero?
La participación de ciudadanos colombianos en conflictos militares en otros países, como Ucrania, plantea una compleja situación legal. A diferencia de un reclutamiento formal por parte de ejércitos nacionales, quienes viajan bajo promesas de empleo son considerados “combatientes extranjeros” y no cuentan con las protecciones legales ni humanitarias que otorgan las convenciones internacionales en tiempo de guerra. Esto complica tanto la repatriación como el seguimiento diplomático y la asistencia cuando resultan heridos, capturados o reportados como desaparecidos. El Estado colombiano, por su parte, enfrenta desafíos para brindar acompañamiento a estos ciudadanos debido a la falta de acuerdos binacionales específicos, lo que deja a muchas familias en la incertidumbre.
Adicionalmente, la ley colombiana no contempla sanciones directas para los civiles que participan en guerras en el extranjero, pero sí enfrenta dificultades para monitorear a sus ciudadanos y prestarles apoyo consular, especialmente cuando el viaje fue realizado sin informar a las autoridades. Ello abre debates sobre la necesidad de actualizar la legislación y los protocolos de prevención y asistencia en estos casos.
¿Qué acciones están emprendiendo las organizaciones de derechos humanos en Colombia frente al reclutamiento ilegal para guerras extranjeras?
Las organizaciones de derechos humanos y colectivos de excombatientes en Colombia han intensificado su trabajo frente al aumento de casos de reclutamiento ilegal para participar en conflictos armados ajenos al país. Su labor se centra tanto en la denuncia pública de redes de reclutadores como en la exigencia de políticas estatales más claras para proteger a los jóvenes más vulnerables a estas prácticas. Han promovido campañas informativas y preventivas, así como el acompañamiento a las familias afectadas durante los procesos de repatriación o en la búsqueda de desaparecidos.
Estas organizaciones también abogan por el fortalecimiento de los programas nacionales de empleo y reintegración laboral para exmiembros de la fuerza pública, identificando que el vacío de oportunidades legitima el interés en estos peligrosos llamados internacionales. Además, insisten en la necesidad de mejores canales de comunicación y protección consular para los colombianos en condición de riesgo en el exterior.
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