La Misión de Observación Electoral basó su documento en los obstáculos y fenómenos que pueden afectar la transparencia, seguridad y libertad para votar y ser elegido.

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Las amenazas de las disidencias de las Farc para perpetrar hechos violentos en Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo, además de “acciones para restringir y coaccionar la participación de organizaciones políticas y militantes” son la principal alerta que emite la organización de cara a las elecciones de autoridades locales en octubre de 2023.

“La MOE manifiesta su más profunda preocupación y categórico rechazo a cualquier tipo de acción armada que afecte tanto la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones libres en materia electoral, como cualquier tipo de afectación que puedan sufrir las diferentes candidaturas”, expresó.

Ante esto, le recomendó al Gobierno Nacional que “con carácter de urgencia” adelante Comisiones de Seguimiento Electoral en los territorios amenazados, a las que asistan autoridades nacionales, departamentales y municipales.

(Vea también: “Retroceso al 2002”: registrador repudió amenazas de disidencias de las Farc a elecciones)

Violencia de grupos armados ilegales previo a elecciones territoriales 2023

Según el informe, en los primeros seis meses del calendario electoral para dichos comicios (octubre 29 de 2022 a abril 29 de 2023) se recrudeció la violencia en el país.

“En este periodo de las elecciones de 2023, la MOE ha registrado un total de 634 hechos entre acciones armadas y amedrentamientos de los grupos armados ilegales contra la población civil”.

Eso, dice la MOE, implica un crecimiento del 141 % en comparación con el mismo periodo del último proceso electoral de Colombia, en 2019, como se evidencia en esta gráfica:

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  • El 51 % de estos hechos violentos se concentra en los departamentos del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca.
  • En los departamentos de Sucre, Atlántico, Magdalena, Huila, Santander y Bolívar este tipo de acciones ha incrementado más del 350 % en comparación con el mismo periodo de 2019.
  • El 74 % de los hechos de violencia de los grupos armados ilegales se ha presentado en municipios donde se encuentran resguardos indígenas o consejos comunitarios, haciendo que la población étnica sea de las principales afectadas.
  • La MOE informó que ha recibido información sobre amenazas y acciones para cooptar a liderazgos sociales y comunales por parte de grupos armados ilegales.
  • Al organismo también llegaron datos sobre “prácticas de gobernanza criminal asociadas al control y restricciones a la movilidad de pobladores en áreas rurales, cobros y extorsiones a actividades de comercio y acciones de empadronamiento”.

Por todo ello, la MOE instó a las autoridades a actuar, pues considera que están a tiempo de establecer un plan de acción y prevención para hacer frente a la violencia y evitar que afecte las elecciones.