En la mañana de este jueves, Diego Molano informó que radicó ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia penal contra la representante a la Cámara por injuria y calumnia agravada.

Según explicó, Pizarro ha hecho declaraciones que afectan su buen nombre y eso no le sirve mucho en plena temporada electoral en la que aspira a llegar al Palacio Liévano. Incluso, en su mensaje pidió una campaña que “permita un democrático debate electoral” sin atacar a los contrincantes.

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Molano, que fue parte del Gobierno de Iván Duque entre 2021 y 2022, recordó que la congresista lo acusó de haber “ordenado acciones en contra de los colombianos” mientras comandó el Ministerio de Defensa.

En meses pasados, la integrante del Pacto Histórico lo señaló de ordenar la “mutilación y asesinato de cientos de jóvenes” durante las protestas del paro nacional de 2021. Esta fue la publicación de Pizarro:

El precandidato agregó en un video en Twitter que Pizarro lanzó “tales afirmaciones sin tener ninguna prueba”; también dijo que no existen investigaciones en su contra ni condenas que sustenten lo que ella declaró y que eso, además de afectar su buen nombre, lo pone en riesgo a él y a su familia.

Molano no descartó alguna conciliación con Pizarro pero sí le dijo a Kienyke que irá “hasta las últimas consecuencias” con la denuncia.

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Mientras Molano intenta cuidar su imagen, Daniel Coronell contó en W Radio que la Contraloría General tiene listo un informe de auditoría sobre posibles irregularidades en el Mindefensa, mientras él estuvo a la cabeza.

Según el periodista, el ente de control puso el ojo sobre Alotrópico, una empresa que “pertenece a tres antiguas subalternas y amigas del ahora precandidato”. Ellas, afirma Coronell, “recibieron millonarios contratos para cumplir exactamente las mismas funciones que tiene la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Defensa”.

Lo que significa que la Contraloría encontró que esa entidad contrató un externo para ejecutar tareas que debían cumplir los funcionarios de planta. Eso representa un “daño fiscal estimado en 1.493 millones de pesos derivado de la contratación injustificada de servicios profesionales”, dijo Coronell.

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Al tema fiscal podría sumársele el penal, pues se podría “tipificar el delito de celebración indebida de contratos”. Las tres mujeres —Lilian Polanía, Martha Isabel Restrepo e Isabel Quiroga— habían trabajado con Molano en el ICBF cuando él fue director.

El ahora precandidato para ser alcalde de Bogotá respondió, citado por la misma emisora, que en una auditoría previa de la Contraloría se concluyó que no hubo irregularidad y se finiquitó la cuenta:

“En el Ministerio siempre actuamos con estricto apego a la ley, a los procedimientos de contratación, al manual de contratación, de acuerdo con la idoneidad de los diferentes contratistas y estarán las personas responsables de ese contrato dispuestas a presentarse ante las autoridades pertinentes”.

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Según dijo, este reporte es nuevo porque “corresponde al tramo final del Ministerio de Defensa y todo el desarrollo del año 2022 que incluye la otra administración”.

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