Las elecciones regionales se suman a las preocupaciones que tiene el jefe de Estado para los próximos meses, pues necesita que mantener la fuerza del Pacto Histórico en las regiones.

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Esta semana trascendieron las dudas que tiene Gustavo Bolívar para participar en la contienda electoral de este año y eso pone a Gustavo Petro en una encrucijada, porque tampoco podrá contar con Holman Morris ni Guillermo Jaramillo —a quienes designó como gerente de RTVC y ministro de Salud, respectivamente—  y por eso a la fecha no tiene un candidato de su confianza.

Camilo Romero es integrante de la Alianza Verde, y aunque algunos de sus copartidarios no tienen las mejores relaciones con el Pacto Histórico, pues han mostrado enfoques diferentes en algunas discusiones legislativas, a Petro le conviene evitar una crisis irreversible.

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A esto se le suma que los ‘verdes’ seguramente darán una pelea fuerte por quedarse con la Alcaldía de Bogotá y conservar el cargo que asumió Claudia López en 2020, aunque su popularidad no es la más alta. Sin embargo, esa colectividad tampoco ha decidido cuál será su candidato y si irá sola o participará en una coalición.

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Varios medios ponen al exgobernador de Nariño como la opción más fuerte hasta ahora y viene de trabajar de la mano del presidente.

Caracol Radio, por ejemplo, dice que el actual embajador en Argentina está recibiendo coqueteos desde el Pacto Histórico y de la misma Alianza Verde para que vuelva al país a competir por llegar al Palacio Liévano. Y la revista Cambio sumó sectores ciudadanos independientes a los interesados en la candidatura de Romero.

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Para algunos, sería una gran sorpresa que una a seguidores de centro y a los alternativos y atraiga a los que “consideran que Bolívar es más radical”.

W Radio, por su parte, destaca que esta semana le cae de Perlas a Romero que la Procuraduría haya decidido archivar una investigación relacionada con la contratación en la Fábrica de Licores de Nariño.

La revista destacó también que el exgobernador Carlos Amaya está entre los opcionados, pero que “no tiene el respaldo total de la colectividad, por ser el elegido de la actual alcaldesa”.

Romero, además, tiene como punto a favor que su labor diplomática no lo inhabilita, pues la Función Pública establece:

“No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital quien dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”.

El 29 de junio se vence el plazo de la Registraduría Nacional para que los partidos inscriban sus candidaturas.

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