El alto tribunal negó estudiar la acción que pedía la pérdida de investidura de Rodolfo Hernández, bajo la premisa de que había incurrido en un supuesto tráfico de influencias.
Este caso se relaciona con Marelen Castillo, su formula vicepresidencial en las elecciones de 2022. Al exalcalde de Bucaramanga se le acusó de querer imponerle las personas que debía nombrar en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en la Cámara de Representantes —cargo al que llegó por el estatuto de oposición—.
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La demanda interpuesta por dos ciudadanos señalaba que el exsenador le envió un correo a Castillo con una hojas de vida para que ella contratara a esas personas en su equipo de trabajo, luego de que ella hiciera referencia a eso en una entrevista a un medio.
El magistrado Guillermo Sánchez estudió el caso y escuchó a Hernández. El exsenador reconoció ante el Consejo de Estado que ese correo existió, pero que su intención no fue presionar a Castillo sino sugerirle profesionales con potencial para apoyar su trabajo legislativo.
Ante eso, el togado señaló que no encontró ningún delito en la conducta de Hernández y explicó que Marelen Castillo declaró a favor de él porque en esa entrevista solo quiso expresar su molestia y no lanzar una acusación porque “no se sintió constreñida o influenciada, de manera indebida”, informó Canal 1.
A esto se le suma que el correo se envió el 20 de julio de 2020 y para esa fecha ninguno se había posesionado en el Congreso. Es decir, el fallo explica, citado por El Tiempo, “que no se cumple el primer presupuesto de la causal de desinvestidura, pues el exsenador acusado no había tomado posesión del cargo ni tenía investidura de congresista“. Y, en el mismo sentido, no hubo forma de que Hernández utilizara su posición como senador “para influirla y obtener de esta la postulación de unos profesionales en su UTL”.
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Este fallo salva el primer impedimento que podía tener el ingeniero para ser candidato a la Gobernación de Santander en las elecciones regionales de octubre, pero le falta recibir la resolución del segundo.
Cabe recordar que la Procuraduría lo inhabilitó por 14 años para ejercer cargos públicos por corrupción en el caso Vitalogic, pero Hernández se mantiene vivo hasta tanto el Consejo de Estado no deje en firme esa decisión.
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