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El caso reciente de presunta estafa en el arriendo de una vivienda en Valledupar ha puesto en el centro del debate las graves dificultades que enfrentan quienes buscan una vivienda en Colombia, especialmente a través de plataformas digitales. Andrés Santiago, cuya hermana fue víctima de este fraude tras contactar una oferta en el grupo de Facebook "Arriendos en Valledupar Cesar", denunció públicamente cómo la promesa de una casa de tres niveles en el barrio La Esperanza se convirtió en un engaño: después de transferir el depósito solicitado, no consiguieron la dirección exacta ni acceso a la propiedad, y el supuesto arrendatario desapareció. El caso evidencia la vulnerabilidad de quienes requieren vivienda y la falta de controles efectivos en los canales de oferta informal.
Esta modalidad de fraude digital se ha intensificado conforme el mercado inmobiliario se ha trasladado a redes sociales y páginas web, facilitando negociaciones directas pero también escenarios propicios para el engaño. Un informe de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), publicado en 2024, documentó un preocupante aumento del 35% en las denuncias de estafas por arriendos inexistentes o fraudulentos en el último año. Las víctimas suelen ser ciudadanos que, por necesidad de una vivienda inmediata y barata, omiten procedimientos de verificación o quedan fuera del alcance de los servicios formales de arriendo y de asesoría jurídica.
El sistema de estafa suele consistir en publicar inmuebles que no existen o que pertenecen a terceros, borrar la huella de los responsables y desaparecer tras recibir los dineros. Así lo explicó Lina Rodríguez, abogada especializasta en derecho civil, consultada por EL PILÓN, quien recomienda exigir la identificación y documentación del supuesto arrendador, preferir contratos escritos y notarizados, y nunca realizar pagos sin recibos firmados. Estas recomendaciones resultan aún más relevantes ante la reiterada alerta de la Policía Nacional sobre bandas criminales organizadas que manejan redes de estafas a través de internet, dificultando el acceso de las víctimas a procesos judiciales efectivos y satisfactorios.
A esta problemática estructural se suma la crisis habitacional en ciudades intermedias como Valledupar. Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), citados en su informe de 2023, advierten que la demanda supera en más de 12 mil unidades la oferta formal de vivienda en el departamento de Cesar, lo cual empuja a familias de bajos ingresos y jóvenes hacia alternativas informales expuestas a mayores riesgos de abuso y estafa.
Organismos como el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y su plataforma tecnológica Nina se han involucrado en la detección de patrones de engaño y perfiles sospechosos en las redes sociales. Sin embargo, los expertos insisten en que la clave para mitigar estos delitos recae en la coordinación entre autoridades, plataformas digitales y la ciudadanía. A la par del desarrollo de herramientas tecnológicas, la educación en derechos y deberes digitales aparece como un área prioritaria para combatir estas prácticas que socavan la confianza social y dificultan el acceso seguro a la vivienda digna.
En definitiva, la denuncia pública de Andrés Santiago representa solo un ejemplo de una problemática más amplia, donde la falta de regulación, la escasez de vivienda y la transformación de las relaciones comerciales por medios digitales conforman un entorno propicio para el fraude. El reto para Valledupar y para Colombia en su conjunto es implementar estrategias coordinadas que protejan legalmente al ciudadano, mejoren la oferta de vivienda formal y cierren el cerco a los responsables de estos delitos digitales.
¿Por qué es tan difícil judicializar las estafas inmobiliarias cometidas por internet? El proceso de judicialización en estos casos suele enfrentar múltiples obstáculos. Las víctimas muchas veces carecen de información suficiente para identificar al responsable, ya que los estafadores emplean perfiles y documentos falsos en las plataformas. Además, la dispersión territorial y la falta de coordinación entre autoridades dificultan el seguimiento de las denuncias. Estos factores, señalados por la Policía Nacional y expertos en derecho civil, explican el bajo índice de casos que llegan a condena.
La falta de evidencia material y los procedimientos que requieren pruebas claras complican aún más la persecución penal. Por este motivo, especialistas y autoridades insisten en la prevención y en la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y acompañamiento legal, priorizando procesos educativos para empoderar a los ciudadanos frente a estos riesgos en el entorno digital.
¿Qué significa déficit habitacional? El término "déficit habitacional" se refiere a la cantidad de viviendas que hacen falta para cubrir las necesidades de la población en un territorio determinado. Este indicador, citado por el DANE, contempla no solo la falta de unidades habitacionales, sino también la precariedad o inadecuación de las viviendas existentes para satisfacer condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad.
En el contexto de Valledupar y el Cesar, el déficit habitacional supera las 12 mil unidades, lo que indica que miles de familias no cuentan con una vivienda digna o adecuada para vivir. Esta situación agrava la vulnerabilidad social y económica de sectores con menos recursos y contribuye al aumento de alternativas informales, propiciando la expansión del fraude en arriendos no regulados.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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