Una práctica que raya con la ilegalidad y el irrespeto a la privacidad tiene en alerta a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Se trata del contacto no autorizado que estarían realizando varias firmas de abogados a ciudadanos que han interpuesto demandas o adelantan trámites ante la entidad. A través de llamadas, correos electrónicos y hasta mensajes alarmantes, estas firmas intentan ofrecer sus servicios jurídicos sin que nadie los haya solicitado.
Según denunció este miércoles la SIC, en las últimas semanas se ha disparado el número de quejas de usuarios que han sido abordados por abogados que, sin tener vínculo con la Superintendencia, les ofrecen gestionar trámites legales a cambio de dinero. Lo más preocupante es que muchas de estas comunicaciones utilizan información personal y detalles del proceso que, en teoría, solo deberían conocer las partes involucradas.
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La entidad fue enfática: la SIC no entrega datos personales a terceros, ni autoriza a ninguna firma de abogados para que actúe en su nombre. “Las denuncias, demandas y peticiones que se tramitan ante la Superintendencia son completamente gratuitas y no requieren de un abogado, salvo en casos específicos cuando se trate de demandas que superen los 40 salarios mínimos”, explicó la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales.
Las firmas señaladas por los usuarios estarían accediendo a los datos a través del sistema de consulta pública de procesos judiciales, una herramienta legítima pensada para garantizar la transparencia, pero que está siendo usada de forma maliciosa para obtener y explotar datos personales. Incluso, algunas de estas empresas se hacen pasar por dependencias oficiales, usando nombres o direcciones de correo electrónico que incluyen la palabra “SIC” para dar apariencia de legalidad.
Peor aún: varios ciudadanos han reportado que han recibido correos con alertas falsas o mensajes que generan confusión y presión, como supuestas advertencias de pérdida de términos o sanciones, con el fin de que se sientan obligados a contratar al abogado que los contactó.
Ante esta situación, la SIC pidió a la ciudadanía ignorar cualquier mensaje o llamada que no provenga directamente del dominio oficial de la entidad: @sic.gov.co. Además, recordó que todas las notificaciones judiciales se realizan conforme al Código General del Proceso, y que las novedades pueden consultarse de manera segura en el portal de notificaciones: https://sedeelectronica.sic.gov.co/notificaciones.
La entidad también invitó a quienes hayan sido contactados por estas firmas a presentar un reclamo formal y reportar el hecho ante la Delegatura para la Protección de Datos Personales. Dependiendo de la gravedad del caso, se podrían iniciar investigaciones por violación al derecho fundamental al habeas data, y en algunos casos, se remitiría la actuación a la Fiscalía o al Consejo Seccional de la Judicatura.
En palabras más claras: si recibe un correo dudoso o una llamada sospechosa que le hable de su proceso en la SIC, lo más probable es que no sea una ayuda, sino una trampa.
¿Se necesita abogado cuando se hace una queja en la SIC?
Según el comunicado oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la normativa vigente en Colombia, no se necesita un abogado para presentar una demanda ante la SIC, excepto en casos específicos.
Las demandas que no superen los 40 SMMLV, peticiones, quejas o denuncias ante la SIC (por ejemplo, contra empresas por incumplimientos en servicios o productos), trámites relacionados con protección al consumidor, habeas data, o violaciones a derechos del usuario, entre otros, pueden ser gestionados directamente por el ciudadano, sin necesidad de un apoderado, y son gratuitos.
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Esto está respaldado por el artículo 74 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), que establece que la representación judicial por abogado es obligatoria únicamente cuando el valor del proceso supera los 40 SMMLV, lo que para el año 2025 equivale aproximadamente a 52 millones de pesos.
Cuando sí se necesita abogado por una queja en la SIC
Cuando el valor de las pretensiones de la demanda supera los 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). En ese caso, tanto el demandante como el demandado deben estar representados por un abogado, de acuerdo con lo establecido en el Código General del Proceso.
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