Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac) están bajo la lupa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que las investiga por presuntamente haber puesto condiciones que limitaron la participación de más oferentes en licitaciones millonarias.
La Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC encontró pruebas que indicarían que ambas compañías, encargadas de prestar servicios públicos domiciliarios, habrían impuesto barreras injustificadas en varios procesos de contratación entre 2019 y 2023. En otras palabras, habrían restringido la entrada a potenciales contratistas, dejando por fuera a empresas que tenían cómo competir, pero que se vieron frenadas por las reglas del juego impuestas desde adentro.
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¿Qué dice la SIC sobre EPM y Dispac?
En el caso de EPM, una de las compañías públicas más grandes del país, la SIC halló que al menos 24 procesos de contratación podrían haberse visto afectados. Las cifras no son menores: en conjunto, estos procesos superan el billón de pesos. Las condiciones que habría impuesto EPM incluyen:
- Cobros a los interesados por el simple hecho de participar en los procesos.
- Restricciones para la participación de consorcios o uniones temporales.
- Límites en el número de integrantes de esos consorcios, en sus porcentajes de participación y en el tipo de responsabilidad que debían asumir.
Esto, según la SIC, podría ir en contra de los principios de selección objetiva y libre competencia, pilares fundamentales de cualquier proceso contractual justo.
Por su parte, Dispac, empresa mixta que también presta servicios públicos, está siendo investigada por situaciones similares. En al menos 23 procesos de contratación, cuyas cuantías superan los 400 mil millones de pesos, también se habrían puesto trabas como el cobro por participar o la restricción en la conformación de grupos plurales.
Aunque estas empresas no están obligadas a seguir el Estatuto General de Contratación Pública —como sí lo están las entidades estatales—, sí deben cumplir con los principios generales de la función pública, que incluyen transparencia, libre acceso y competencia económica.
La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, fue clara: “La imposición de barreras de entrada injustificadas impide que se obtengan las mejores ofertas posibles como consecuencia de la participación de un mayor número de proponentes”. Y añadió que esto termina por generar ineficiencias que afectan directamente a los consumidores, ya que, al no haber una verdadera competencia, los costos se disparan o la calidad se reduce.
Qué pasará en la investigación de la SIC a EPM y Dispac
Hay que decir que esta es apenas una etapa preliminar del proceso. La investigación está en curso y lo que viene es determinar si efectivamente se configuró una conducta anticompetitiva y si hay méritos para imponer sanciones.
La SIC puede imponer multas millonarias a las empresas y a los funcionarios involucrados si se comprueba que se violó la ley. Además, este tipo de casos suelen abrir la puerta para revisiones más profundas en otras entidades que aplican condiciones similares.
¿Qué implicaciones tiene esto en los usuarios?
Este tipo de situaciones no solo afectan a las empresas que se quedan por fuera de los contratos, sino que golpean directamente al bolsillo de los colombianos. Si hay menos oferentes, hay menos competencia, y eso generalmente significa mayores precios y menos eficiencia en los servicios públicos.
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Y aunque muchas veces estas prácticas pasan desapercibidas o se disfrazan como “requisitos técnicos”, la realidad es que pueden esconder favoritismos o un manejo poco transparente de la contratación.
Este es un nuevo llamado de atención sobre cómo se están manejando los recursos públicos y las reglas del mercado en Colombia. Habrá que esperar si esta investigación termina en sanciones ejemplares… o en otra historia que se diluye con el tiempo.
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