Este lunes las centrales sindicales se reúnen para definir cuáles serán las propuestas que llevarán a la tradicional discusión de cada año sobre el salario mínimo, en la que también participan los empleadores y el Gobierno. La ocasión, sin embargo, es muy diferente, pues el país, que está saliendo de una grave crisis provocada por la pandemia del coronavirus que causó el cierre de empresas y la pérdida de miles de empleos, espera gestos de grandeza y solidaridad.
El presidente Iván Duque fue el primero en destapar sus cartas este domingo, al informarle al país que la propuesta que llevará el Gobierno a la Comisión Nacional de Concertación, que se reunirá este martes, es aumentar el salario mínimo en 10,07 %, teniendo como objetivo central que ese ingreso llegue por primera vez a un millón de pesos sin contar con el subsidio de transporte. El salario mínimo está en 908.526 pesos.
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Aunque los actores más importantes de esta discusión, los trabajadores y los empleadores, solo anunciarán sus propuestas formalmente este martes siguiendo el cronograma establecido para esos debates, ya anticiparon sus opiniones sobre la idea de Duque, y resultaron favorables.
Del lado de las centrales obreras, por ejemplo, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), calificó de “importante” la propuesta de Duque, y anunció en Caracol Radio que la central que representa, así como la CTC y la CGT, llevarán cuatro propuestas unificadas en torno a lo que debe discutir la Comisión Nacional de Concertación.
El presidente de la Confederación de la Confederación General del Trabajo (CGT), Percy Oyola, dijo en esa misma emisora que “resulta atípico que normalmente el Gobierno siempre ha esperado que sean los empleadores sin los trabajadores los que den el debate en torno a las cifras”. Y precisó: “A nosotros no nos disgusta”.
Por el lado de los empleadores, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo que a pesar de que muchas empresas tuvieron que cerrar por la pandemia, este es el año de la solidaridad, por lo que respaldan la propuesta de Duque. “Por esta razón, coincidimos con la propuesta que ha hecho el Gobierno Nacional de poder llegar a un salario mínimo de un millón de pesos, es decir que pueda haber un incremento del 10,07 % para los trabajadores que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, para los trabajadores con menores ingresos”.
El ambiente, pues, parece favorable para ese incremento que recibirían un poco más de 10 millones de personas en Colombia. Esta cifra se deduce de datos del Dane según los cuales la mitad de los empleados colombianos, es decir, 10,2 millones de personas de 20,1 millones que representaban la fuerza laboral en el país en 2020, ganaron el año pasado ingresos que equivalen a un salario mínimo o menos.
¿Y los trabajadores que ganan un poco más del salario mínimo?
Pero hay otro segmento de trabajadores que ganan más de un salario mínimo cuyo aumento nos será tan significativo pues depende de decisiones gerenciales que consideran factores como ordenar el incremento únicamente con base en el IPC (el año pasado, por ejemplo, fue de 1,61 %), lo que estanca claramente sus ingresos en un país en donde todo se encarece.
En este contexto llama la atención el anuncio de la revista Semana, que también recoge la propuesta de Duque de un alza del 10,07 % para los salarios básicos, solo que extiende ese incremento a toda su planta de trabajadores. Es una decisión pragmática que, sin duda, adobará la discusión de este martes en la Comisión Nacional de Concertación desde la perspectiva de los empleadores.
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Esa casa editorial cree que el aumento del salario mínimo propuesto por el Gobierno “es un paso en la dirección correcta”. Pero también considera que “hay que ir más allá” y no se pueden “olvidar las necesidades de los que ganan más del salario mínimo y enfrentan un costo de vida más alto y mayores responsabilidades con sus familias. Ir hoy al mercado cuesta más, la educación es más cara, así como la vivienda, entre otras necesidades”.
Las negociaciones del salario mínimo para el 2022 tendrán en cuenta, como siempre, parámetros como la inflación, la productividad, el producto interno bruto (PIB). Pero en esta ocasión, debido a la realidad del país derivada de la pandemia, también se considerará la informalidad laboral, la incidencia de la pobreza, la sostenibilidad fiscal, el impacto de los aportes a la seguridad social, el desempleo juvenil y la capacidad adquisitiva.
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