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El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, decretado por el Gobierno Nacional en un 23%, ha sido objeto de intenso debate debido a las implicaciones que podría tener sobre el mercado laboral, la inflación y el tejido empresarial del país. Esta medida busca aproximarse a un “salario mínimo vital”, concepto impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero su aplicación y resultados generan incertidumbre en diversos sectores.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), el incremento, que fija el salario mínimo en $1.750.905 mensuales ―$2 millones incluyendo el auxilio de transporte―, se estableció por decreto tras no lograrse consenso entre empresarios y trabajadores: los empresarios sugerían un aumento del 7,2%, mientras que las centrales obreras planteaban un 16%. El resultado final, muy superior a ambas propuestas, prescinde de los mecanismos tradicionalmente empleados para determinar el salario mínimo en Colombia, que tomaban en cuenta la inflación y la productividad laboral.
This nuevo esquema, basado en cubrir una canasta de necesidades básicas y respaldado por la noción de “salario mínimo vital”, ha excluido la línea de pobreza como referencia directa y carece de una metodología ampliamente discutida con los actores sociales y económicos. Esta falta de claridad metodológica abre cuestionamientos acerca de la adecuación técnica y la sostenibilidad del ajuste, según los análisis presentados por Anif.
El documento señala que la estructura del mercado laboral colombiano, marcada por altos índices de informalidad y predominancia de pequeñas empresas intensivas en mano de obra, podría resentirse particularmente ante este aumento. Sectores como agricultura, alojamiento y servicios de comida presentan a más del 60% de sus trabajadores en niveles de ingreso por debajo del salario mínimo legal, lo que sugiere que un incremento tan marcado podría estimular la informalidad laboral en lugar de robustecer la formalización y los ingresos sostenidos.
Comparativamente, Anif examina experiencias de México, Brasil y España, donde incrementos sustanciales al salario mínimo llevaron a una reducción del desempleo, pero también causaron una mayor concentración de trabajadores en el salario mínimo y una menor participación laboral. En Colombia, esta dinámica podría replicarse, afectando los incentivos a la formalización, así como la movilidad salarial, especialmente entre los trabajadores más vulnerables.
El informe destaca que las pequeñas y medianas empresas son las más perjudicadas, ya que aproximada-mente el 45% de sus trabajadores recibe uno o hasta 1,2 salarios mínimos, lo que implica un impacto considerable en su estructura de costos. Por el contrario, las grandes empresas, con una menor dependencia del salario mínimo, pueden sortear mejor estos incrementos. Esta disparidad puede aumentar la brecha entre diferentes tipos de empleadores y restringir la generación de empleo formal.
A esto se suma la reducción progresiva de la jornada laboral iniciada en 2023, que incrementa el costo por hora trabajada. En sectores como seguridad privada, los gremios estiman que la combinación de la reducción de jornada, el incremento salarial y los recargos implica un aumento de hasta el 31,7% en los costos laborales, con el riesgo de perder unos 15.000 empleos.
Finalmente, Anif alerta sobre el efecto inflacionario del alza salarial, especialmente en actividades de servicios intensivos en mano de obra, donde el impacto puede empujar la inflación al 5,8% para 2026, cifra superior al 4,3% estimado previamente. Así, aunque la intención de mejorar los ingresos es legítima, los riesgos recaen sobre aquellos a quienes se pretende proteger, con el potencial de debilitar el empleo formal, agudizar la inflación y profundizar la informalidad.
¿Qué significa “salario mínimo vital” y cómo difiere de los modelos tradicionales?
El concepto de “salario mínimo vital”, según la Organización Internacional del Trabajo, hace referencia a una remuneración suficiente para cubrir una canasta de necesidades básicas, como alimentación, salud, vivienda y educación. En contraste, los modelos tradicionales de fijación del salario mínimo en Colombia han considerado la inflación observada y la productividad laboral como factores centrales para definir los incrementos anuales.
El reciente ajuste en Colombia se aparta de estos criterios, priorizando la noción de satisfacer necesidades mínimas fundamentales sin anclarse a la línea de pobreza ni emplear una metodología consensuada entre los diferentes actores del mercado laboral. Esta diferencia suscita preguntas sobre la sostenibilidad de la medida y sus repercusiones en la economía, particularmente en contextos de alta informalidad y debilitado crecimiento empresarial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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