En Colombia, los reportes a Datacrédito o Transunion pueden afectar gravemente la vida económica de una persona. Las empresas consultan esta información antes de aprobar créditos o servicios, por lo que un error o fraude puede dejar a alguien prácticamente “bloqueado” del sistema financiero.
(Lea también: Vendría alivio para personas con deudas en Colombia: su historial negativo sería borrado)
Una buena noticia llegó para cientos de colombianos que han sido reportados en las centrales de riesgo como DataCrédito o TransUnion. La Corte Constitucional avaló una norma conocida como la ley contra el fraude digital, que establece nuevas reglas para proteger a las personas afectadas por la suplantación de identidad.
La norma, que había sido aprobada por el Congreso hace dos años, finalmente fue declarada constitucional por el alto tribunal en octubre de 2025, explica Red Más. Su entrada en vigor representa un alivio para quienes han visto su historial crediticio afectado por deudas o préstamos obtenidos por delincuentes en su nombre.
¿Cómo eliminarán reportes de Datacrédito?
De acuerdo con la ley, cuando una persona sea víctima de suplantación, deberá denunciar el hecho ante la Fiscalía y notificar al banco o entidad donde se causó la deuda sin autorización.
El citado medio explica que una vez presentada la denuncia y las pruebas que acrediten el fraude, la entidad tendrá diez días hábiles para revisar la situación y solicitar a la central de riesgo que corrija o elimine el reporte negativo.
El cambio más importante es que el registro no solo se borrará, sino que será reemplazado por una leyenda especial: “Víctima de Falsedad Personal”. Esta aclaración deberá aparecer en el historial financiero del afectado y no podrá considerarse un reporte negativo ni influir en su puntuación crediticia.
El Gobierno y el Congreso impulsaron esta iniciativa como parte de la estrategia nacional para combatir los delitos financieros y digitales, que cada año dejan miles de víctimas en el país.
Con la aprobación de la Corte, las entidades financieras estarán obligadas a suspender los cobros cuando se confirme la suplantación y a restablecer el buen nombre financiero de los ciudadanos afectados.
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