Este 31 de octubre, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, hizo un sorpresivo anuncio en una rueda de prensa. En horas de la mañana, tras revelar que propondrá crear un bloque de países para salvar la Amazonía, se refirió a un tema que ha generado una gran polémica en las últimas semanas: la destinación del impuesto al carbono, cuyo recaudo parecía “embolatarse” en la reforma tributaria.
Según Muhamad, en el nuevo documento de la reforma habrá un importante cambio: la plata que se recaude a través de este impuesto, que debe pagar la industria de los combustibles fósiles, se destinará completamente a la restauración de ecosistemas en Colombia.
(Lea acá: Cómo va la tributaria en el Congreso: impuestos saludables a empresas y penas a evasores)
Aunque aclaró que la propuesta debe ser, primero, aceptada por el Congreso, para la ministra la idea es que esta petición se mantenga “como una base fundamental para hacer un llamado en la cumbre de cambio climático (COP27)”. Entre otras cosas, el Gobierno buscará promover una “bolsa” con recursos internacionales que espera sumen US $ 400 millones anuales.
Hasta el momento, el impuesto al carbono había generado mucha inquietud entre el sector ambiental. ¿La razón? En el texto de la reforma tributaria que había presentado el Gobierno de Gustavo Petro había un artículo muy controversial (el 96) en el que se pedía la derogación de varios artículos de otras leyes, entre esos el 223 de la Ley 1819 de 2016. Este último es, justamente, el que se refiere a la destinación de la plata recaudada a través del impuesto al carbono.
En su versión original, ese tributo se destinaba, una parte, al Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en zonas afectadas por el conflicto; y otra, a asuntos ambientales como la erosión costera o la conservación de fuentes hídricas (aunque ha sufrido varias modificaciones y diversos intentos de cambiar su destinación). Sin embargo, desde que fue creado, ha sufrido cinco modificaciones.
Según WWF, con ese impuesto se recaudó en 2021 alrededor $ 425 mil millones. Aunque su “ejecución es susceptible de mejora”, añadía esta organización en un comunicado hace un par de semanas, “ejecutar los recursos del impuesto para financiar proyectos que mitiguen los impactos de la contaminación es imperativo“.
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