El precandidato presidencial David Luna propuso el ‘Plan 100.000 reclutas’, una estrategia con la que busca incorporar al Ejército Nacional a 100.000 nuevos efectivos, tanto colombianos como extranjeros, para enfrentar la creciente inseguridad, el narcotráfico y el déficit actual de pie de fuerza.
Luna plantea ofrecer incentivos significativos: acceso a créditos de vivienda VIS con condiciones favorables y becas completas para carreras técnicas o tecnológicas en instituciones públicas.
(Vea también: “Gran desprecio”: señalan al Gobierno por fin de subsidio que ayudó a miles en el país).
Al finalizar el servicio, los reclutas obtendrían una titulación que facilitaría su integración a la vida civil. El exsenador aseguró que el proceso incluiría filtros estrictos de selección y contrainteligencia para evitar infiltraciones, y mencionó que los extranjeros que se incorporen al Ejército podrían obtener la ciudadanía colombiana.
Además, se comprometió a presentar una ley ante el Congreso con los requisitos y ruta legal del plan si llega a la Presidencia en 2026.
Esta propuesta surge en un contexto de desfinanciación alarmante de las Fuerzas Armadas, evidenciada por los recortes presupuestales denunciados recientemente: el Ejército solicitó 22 billones y recibió solo 12.
Luna insiste en que se necesitan ideas nuevas para resolver los problemas estructurales del país y fortalecer la seguridad, generando a la vez oportunidades sociales y económicas para miles de familias.
Por qué hay desfinanciación del Ejército en Colombia
La desfinanciación del Ejército en Colombia responde a una combinación de factores estructurales, presupuestales y políticos que han debilitado la capacidad operativa de las Fuerzas Militares. Uno de los principales motivos es la creciente presión sobre el presupuesto nacional.
En los últimos años, el Gobierno ha priorizado el gasto social, el pago de la deuda externa y programas de subsidios, lo cual ha reducido el margen de maniobra para financiar adecuadamente sectores estratégicos como la defensa.
Esta redistribución de recursos ha llevado a que el Ejército reciba mucho menos de lo que requiere para operar: en 2025, por ejemplo, solicitó 22 billones de pesos y solo le fueron asignados 12 billones, dejando un déficit significativo que afecta directamente su operatividad.
Otro factor importante es el deterioro del equipamiento militar y la falta de inversión en modernización. Muchas de las unidades del Ejército operan con equipos obsoletos, algunos de los cuales han sido calificados como “piezas de museo”. Esta situación no solo compromete la seguridad del personal militar, sino también la capacidad de reacción frente a amenazas como el narcotráfico, la minería ilegal y la expansión de grupos armados ilegales. La falta de recursos también impacta el mantenimiento de bases militares, la logística y la formación profesional de los soldados.
Finalmente, la desconfianza política hacia las Fuerzas Armadas ha influido en decisiones presupuestales. En algunos sectores del Gobierno y de la opinión pública persiste la percepción de que el fortalecimiento militar debe ser limitado o revisado, en parte debido a casos de corrupción, abusos de poder o violaciones de derechos humanos en el pasado.
Esta narrativa ha debilitado el respaldo institucional y ha dificultado la asignación de mayores recursos. En conjunto, estos elementos configuran una crisis financiera que amenaza la seguridad y estabilidad del país.
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