El pilar casi fundamental del gobierno de Gustavo Petro ha sido su apuesta de “paz total”. En dos meses le ha metido el acelerador a la reanudación de los diálogos de paz con el Eln; a los acercamientos con los grupos disidentes de las Farc; con las Agc o Clan del Golfo, y con otros grupos armados ilegales.
Según el Gobierno, esa apuesta incluye la implementación plena del Acuerdo de Paz de La Habana firmado en 2016 y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo respaldó de forma unánime. Sin embargo, un sector de la política ha señalado que por avanzar en esos otros diálogos se ha descuidado la implementación de ese acuerdo ya firmado.
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Este martes el Congreso aprobó en último debate el Presupuesto General de la Nación para 2023. ¿Cómo quedaron las entidades que tienen tareas relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz? ¿La apuesta de la paz total sí se ve reflejada en los montos de inversión asignados a esas entidades? ¿El Gobierno Petro, que se ha comprometido públicamente con la implementación, les asignó más recursos a dichas instituciones que el Gobierno Duque, que asumió el poder haciendo oposición a ese pacto de paz?
Impulso a la reforma agraria
La apuesta de reforma agraria que impulsan el presidente Petro y la ministra de Agricultura Cecilia López aterrizó en las cifras. En el caso de la Agencia Nacional de Tierras, por ejemplo, el presupuesto de inversión se le aumentó más del triple, al pasar de $ 269.000 millones a $ 972.000 millones. Y un aumento similar tuvo la Agencia de Desarrollo Rural, cuyo presupuesto de inversión pasó de $ 218.000 millones a más de $ 600.000 millones.
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El caso de la ANT es significativo porque es la entidad que tiene a cargo dos de las principales metas de la reforma rural del Acuerdo de La Habana: la adjudicación de tres millones de hectáreas de tierra a campesinos, indígenas y afro que no tenían; y la formalización de otros siete millones de hectáreas a quienes ocupaban tierras, pero sin un título que los acreditara como propietarios.
Un aumento significativo tuvo también la Unidad de Restitución de Tierras, cuyo presupuesto de inversión pasó de $ 214.000 millones a $ 354.000 millones para el año entrante. Se trata de la entidad que recibe las solicitudes de restitución de las víctimas de despojo de tierras y las lleva ante los jueces para que los predios sean devueltos a los campesinos que los tenían antes de ser desplazados por paramilitares, guerrilleros y otros grupos armados.
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¿Y los Pdet?
Un punto del que este Gobierno poco – o nada – ha dicho es sobre los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pactados en el primer punto del Acuerdo de La Habana y que el gobierno Duque asumió como bandera. Esos programas, que recogieron las necesidades de la población en las 16 subregiones más afectadas por la guerra en Colombia, están a cargo de la Agencia de Renovación del Territorio (ART).
Esa agencia fue la que sufrió la reducción más importante en cuanto a presupuesto para inversión. Mientras que para 2022 se le asignaron $ 46.000 millones, para 2023 el rubro quedó en $ 24.000 millones, es decir, prácticamente reducido a la mitad.
Esa reducción fue advertida varias veces durante la discusión del presupuesto en el Congreso por el senador Humberto de la Calle, quien reiteró hasta el último debate la necesidad de aumentarle los recursos de inversión a esa entidad, clave en la implementación del Acuerdo de Paz.
A ello se suma, además, que hasta hoy la ART no tiene un director o directora designada.
Reincorporación sigue huérfana
Otra de las entidades que tuvo una reducción en su presupuesto de inversión fue la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que pasó de $3 mil millones a $2.500 millones para el año entrante, como también lo advirtió en las últimas semanas el senador De la Calle.
La entidad se encarga de liderar el tránsito a la legalidad de los 13.000 excombatientes de las Farc que se acogieron al Acuerdo de Paz, incluyendo, por ejemplo, el abastecimiento a los antiguos espacios de reincorporación; pero también de los excombatientes de otros grupos armados, como los exparamilitares desmovilizados en el marco del proceso de Justicia y Paz.
Hasta hoy, el Gobierno Nacional no ha nombrado un director o directora para esta entidad e incluso Carlos Ruiz Massieu, en la presentación del informe de la Misión de la ONU ante el Consejo de Seguridad, advirtió que este nombramiento no se ha dado e instó al Gobierno a que lo hiciera. Porque, además, tampoco ha nombrado sus delegados ante el Consejo Nacional de Reincorporación donde el Gobierno se sienta con el hoy partido Comunes y aprueban proyectos colectivos para los excombatientes.
Sistema Integral de Paz
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), piedra angular de la discusión en el gobierno de Iván Duque, tuvo un leve aumento en inversión para el año entrante: pasó de $156 mil millones a $177mil millones; igual que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) que pasó de $59 mil millones a $71 mil millones.
La Comisión de la Verdad, por su parte, terminó su mandato en junio de este año con la entrega de su Informe Final.
En la siguiente infografía puede ver el monto asignado de inversión para cada entidad en 2023, en comparación con lo asignado para 2022:
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