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Aunque el impuesto al patrimonio no es nuevo en Colombia, una particularidad luego de la reforma tributaria es su cualidad de permanencia. Hay que recordar que en el año 2020 se aplicó de forma momentánea, dada la coyuntura económica, sin embargo, luego de la pandemia, bajo la Ley 2155 de 2021, no se contempló la renovación de este tributo. Salvo para este año, el cual ya se realizó el cobro del 50% a principios de 2023 y seguirá bajo las fechas estipuladas.
De esta manera, personas naturales, sucesiones no liquidadas y empresas internacionales que tengan bienes en el país y no estén sujetos a acciones ni a inversiones de portafolio, se les descontarán las obligaciones que tengan en su momento y sobre ese saldo que dé, se cobrará el impuesto al patrimonio. En este sentido, serán personas cuyo capital sea igual o superior a 72.000 UVT o a los 3 mil millones de pesos.
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“Es una forma para quienes tengan un patrimonio muy elevado paguen un poco más de impuesto”, explicó el subsecretario de Planeación, “en promedio, para el país representan el 2%”. Y aunque para el subsecretario sea una cifra baja aseguró que “es la que normalmente cubre casi el 30 – 40 por ciento del patrimonio que puede tener una región como esta”.
Alrededor de 200 y 300 personas en el departamento cuentan con este nivel de patrimonio en la ciudad. “En Risaralda, hay mucha gente que tiene unos niveles de ingreso muy altos, muchas personas naturales tienen unos ingresos superiores a esos 3053 millones de pesos y eso evidentemente, va a llevar a que ellos sacrifiquen ciertas tendencias en materia de colocación de recursos, por asumir ese pago de impuestos”.
En materia de inversión, el alcalde de Pereira infirió que esto traería consecuencias para el departamento: “Eso descompensaría su portafolio de colocación de recursos conllevando a que se genere un desestímulo por parte de esta gente aquí en Risaralda. La gente que de manera honesta ha logrado cosechar un patrimonio elevado y que se ha convertido también en soporte fundamental para las economías”.
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Las empresas
Además se refirió a la reacción que podrían tener tanto los empresarios como compañías internacionales ante el pago de esta obligación, similar a otra que causa dolores de cabeza a miles de colombianos como la declaración de renta: “Puede conllevar en un momento dado a que muchos de esos inversionistas que han cosechado un patrimonio en el país, tomen la decisión de marcharse porque sencillamente le resulta muy oneroso cubrir tanta tarifa impositiva en Colombia y también pueden generar ciertos niveles de restricción sobre las inversiones, sobre todo aquellos que pueden convertir en liquidez el patrimonio que tenían para invertir”.
En consecuencia, Jhonier Cardona se refirió al impacto que el cobro de este impuesto tendría en Risaralda, departamento que lloró hace unas semanas la muerte de un sargento del Ejército: “Eso genera más incertidumbre, menos inversiones, viene menos dinámica de utilización del suelo para determinadas actividades económicas”.
Es necesario establecer que este pago, el cual es obligatorio, tendrá consecuencias en caso de ser evadido, el organismo encargado, en esta caso la DIAN, puede iniciar un proceso de denuncia con la Fiscalía General de la Nación.
Segundo pago de la cuota
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