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El presidente Gustavo Petro anunció la puesta en marcha, a partir del 1 de octubre, de un nuevo subsidio mensual de $230.000 dirigido a los beneficiarios del programa Colombia Mayor. Esta medida se inscribe dentro del lanzamiento del Pilar Solidario, un eje central de la reforma pensional aprobada en 2024 y que, según datos oficiales, está llamada a transformar la realidad de más de 3 millones de adultos mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad. El aumento del subsidio y la ampliación de la cobertura marcan un paso significativo en la política social del Gobierno, bajo principios de justicia social y reconocimiento histórico a una población cuyas necesidades han sido frecuentemente ignoradas.
Durante la presentación del programa desde Bucaramanga, el presidente Petro enfatizó que se trata de “un derecho conquistado para nuestros abuelos y abuelas”, subrayando el enfoque de equidad e inclusión social. El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, destacó que esta reforma, establecida mediante la Ley 2384 de 2024, constituye “el paso más importante en términos de justicia intergeneracional”. Además, la Corte Constitucional tendrá la responsabilidad de revisar y velar por la implementación plena de esta reforma, garantizando que se cumplan sus objetivos sociales según lo planeado.
El contexto revela que el programa Colombia Mayor ya existe desde hace años, operando inicialmente como un sistema de transferencias monetarias modestas para adultos mayores sin acceso a una pensión suficiente. Previo a este ajuste, el subsidio era de solo $80.000 mensuales, monto que la mayoría de expertos consideraba insuficiente para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y vivienda. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha señalado que el 15% de los colombianos tiene 60 años o más, lo que incrementa la urgencia de fortalecer redes de protección social ante el envejecimiento poblacional.
El incremento a $230.000 y la flexibilización de los criterios de edad —mujeres mayores de 70 años, hombres de más de 75 y todas las personas mayores de 80— buscan una mayor inclusión, ampliando sustancialmente la cobertura y mejorando la calidad de vida de este grupo etario. Según Prosperidad Social, se prevé que para 2025 la cobertura alcance 3,1 millones de beneficiarios, tras un proceso activo de búsqueda de quienes aún no están registrados.
Este subsidio será financiado por el Fondo de Solidaridad Pensional, con recursos que el Departamento de Prosperidad Social administra y ejecuta. Para el próximo año, el gobierno ha comprometido $866.000 millones en esta iniciativa, mostrando un esfuerzo presupuestal considerable. Sin embargo, el éxito del programa depende también de la capacidad de las entidades estatales para evitar fraudes, corregir exclusiones indebidas y garantizar que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan. Organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han subrayado la importancia de la focalización y el seguimiento eficaz en este tipo de programas para lograr sus objetivos en reducción de pobreza.
Otro reto clave será la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo. Análisis como el realizado por la Fundación Getulio Vargas advierten sobre la presión fiscal que puede generar el crecimiento sostenido de la población beneficiaria, lo que exigirá disciplina presupuestal y la prioridad política necesaria para garantizar su permanencia.
En el plano regional, Colombia se integra a la tendencia latinoamericana de incrementar las pensiones no contributivas a adultos mayores, como lo evidencian las experiencias de Chile, México y Uruguay. Informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destacan que estos modelos han contribuido a la reducción de la pobreza, aunque enfrentan desafíos persistentes en cobertura universal y equidad entre géneros.
La implementación del Pilar Solidario y el fortalecimiento del programa Colombia Mayor ofrecen, en perspectiva, una mayor protección social para los adultos mayores del país. Si bien los desafíos en materia de sostenibilidad y eficiencia persisten, esta reforma representa un avance relevante en la construcción de una Colombia más incluyente y justa, apoyada en mecanismos de control y en la búsqueda de políticas públicas integrales.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué es el Fondo de Solidaridad Pensional y cómo funciona su financiamiento?
El Fondo de Solidaridad Pensional es un instrumento público establecido por el gobierno colombiano con el objetivo de financiar programas de protección social para personas en situación de vulnerabilidad, especialmente adultos mayores sin acceso a una pensión suficiente. Este fondo recibe aportes estatales y, eventualmente, también de empleadores y trabajadores bajo esquemas contributivos. Su operatividad es supervisada por el Ministerio de Trabajo y los recursos se transfieren al Departamento de Prosperidad Social, responsable de la ejecución de los pagos.
La sostenibilidad del Fondo depende de la asignación presupuestal anual y de una administración eficiente de los recursos, un aspecto central para la viabilidad del Pilar Solidario. Con el envejecimiento poblacional, asegurar su financiamiento estable es uno de los retos más relevantes señalados por organismos internacionales al analizar el futuro de la protección social en Colombia.
¿Qué mecanismos de control existen para asegurar que los subsidios lleguen a los beneficiarios correctos?
El control y la focalización de los subsidios se basan en registros sociales, bases de datos y procesos de verificación periódica que realiza el Departamento de Prosperidad Social, en coordinación con otras entidades nacionales y territoriales. Las autoridades emplean herramientas tecnológicas para identificar a los potenciales beneficiarios y para detectar posibles fraudes, duplicidades o exclusiones indebidas.
No obstante, los expertos coinciden en que el verdadero impacto del Pilar Solidario estará condicionado a la capacidad institucional para actualizar y depurar continuamente estas bases de datos. El fortalecimiento de la supervisión y la transparencia es clave para cumplir con el objetivo de equidad y asegurar que la ayuda estatal llegue a quienes realmente la necesitan.
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