La multa es de 2.128 millones de pesos porque, según la Superintendencia, como política empresarial, Uber instruye a sus funcionarios para que no den información respecto al negocio de la empresa ni otorguen acceso a los computadores y demás equipos de la compañía cuando se presente una visita de alguna autoridad.
La entidad tomó esa decisión tras una obstrucción de Uber cuando, en octubre de 2017, adelantó una inspección en la que la compañía “presentó una actitud displicente y obstructiva frente a diferentes requerimientos de información por parte de los funcionarios de la Delegatura de Protección de la Competencia”.
Según la autoridad, Uber negó la entrega de diferentes documentos corporativos (Estatutos, Actas de asambleas, balances, etc) requeridos por los funcionarios de la Delegatura por tener relación directa con el objeto de la visita.
“A pesar de estar al alcance de la compañía, esta no realizó las gestiones necesarias para que dichos documentos fueran entregados a la autoridad”, sentenció la Superintendencia.
La sanción también incluye una multa económica para los asesores legales de Uber, Natalia Patricia Caroprese y Felipe Sandoval (14,9 y 24,8 millones de pesos, respectivamente), y al gerente de las oficinas en Colombia, Andrés Felipe Bedoya (4,9 millones de pesos).
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