El gobierno francés ha endurecido gradualmente los controles que pesan sobre la plataforma con sede en San Francisco, a la que muchos culpan de la reducción de número de viviendas disponibles en la capital francesa y del alza de los precios de las mismas.
Según una ley aprobada en 2018, las personas que deseen alquilar sus viviendas por esta plataforma deben declarar el alquiler ante las autoridades fiscales francesas e indicar su número de registro en los anuncios. Además, si se trata de una vivienda principal, la propiedad no puede ser alquilada más de 120 días al año, informó el portal económico Expansión.
El ayuntamiento de París presentó el viernes pasado una demanda contra Airbnb por haber publicado 1.000 anuncios de alquileres sin número de registro. La plataforma se enfrenta a una multa de 12,5 millones de euros (14 millones de dólares).
De acuerdo con AFP, el Grupo Nacional de Hoteles y Restaurantes Independientes (GNI) y la asociación de la industria hotelera AhTop aplaudieron la medida, destacando que es una “señal fuerte” para los parisinos.
“Al exigir el pago de 12,5 millones de euros, la alcaldía de París reafirma su deseo de continuar la lucha contra los efectos perjudiciales de estas plataformas”, señalaron en un comunicado.
Otras ciudades, como Ámsterdam, Barcelona, Berlín y Nueva York, han lanzado batallas similares contra la popular plataforma.
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