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El Ministerio de Salud sigue, contra las advertencias y la realidad, con su empeño en que todos los profesionales de la salud en el país hagan el servicio social obligatorio (SSO), también conocido como año rural. Y, por lo tanto, que no se exonere a casi nadie de hacerlo, aunque haya distintas voces dentro y fuera de esa entidad que adviertan lo inconveniente de esto.
Esta es la historia de cómo piensan hacerlo. Hasta una cabeza rodó del ministerio por esta pretensión.
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La mirada que tiene el sector salud del Gobierno Nacional de la formación profesional en las carreras de bacteriología, enfermería, odontología y medicina pasa por un dogma: que todo estudiante después de graduarse tiene que hacer el rural porque, de lo contrario, no se formará adecuadamente.
Así lo sostuvo la exministra Carolina Corcho en los discursos que daba durante las audiencias públicas que el ministerio ha hecho en esta administración para impulsar y justificar su reforma a la salud.
Por esa misma línea ha estado su sucesor, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, quien solo hace un par de semana dijo en Pasto (Nariño) que “no estamos educando adecuadamente en algunas partes a nuestros médicos” y que “de pronto los médicos están pensando que solo quieren investigación o que apenas terminen se van a ir a los Estados Unidos a otro tema diferente”.
“Ya no quieren ir a un rural, el agua del Amazonas les da alergia”, expresó el ministro.
Una resolución que se cocina en silencio
Pues bien, en los planes de esa cartera está pasar del dicho al hecho. En noviembre del año pasado estuvo publicado para comentarios en su página web un proyecto de resolución que modificará la duración y la exoneración del año rural.
El documento que conoció EL COLOMBIANO plantea cuatro cambios para el SSO. El primero es cambiar la duración: “se cumplirá por el término de seis (6) meses en las poblaciones deprimidas urbanas o rurales o de difícil acceso a los servicios de salud” y de un año en los demás casos (ver proyecto de resolución).
En segundo lugar, modificar las causales de exoneración, que quedarían en cinco: para quienes hayan hecho el rural en otra profesión del área de la salud en el país; para quienes lo hayan hecho en el exterior por el término mínimo de un año y con posterioridad a la obtención del citado título”; para quienes hayan prestado el servicio militar obligatorio; para extranjeros que hayan obtenido un título de postgrado en el exterior y esté convalidado; así como para los nacionales o extranjeros que acrediten la “imposibilidad de su prestación, incluso durante el curso de este, por enfermedad catastrófica, por caso fortuito, fuerza mayor”.
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El tercero es que, quienes estén fuera de las causales anteriores, van a tener que hacer el rural sí o sí.
Actualmente las plazas del SSO se asignan solo a una parte de los graduados de carreras del área de salud, pues hay más personas que se gradúan que número de plazas habilitadas en los hospitales para esta función. Por tanto, el Ministerio de Salud hace cuatro sorteos al año con todos los graduados: los que ganen el sorteo hacen el rural donde les haya caído, los demás quedan exonerados y les dan un certificado para que puedan ejercer sus profesiones oficialmente.
Sin embargo, la pretensión del ministerio es que si un graduado no queda seleccionado en ese sorteo tenga que volver a presentarse en el siguiente hasta que quede con plaza.
“Los profesionales inscritos en el proceso de asignación, que no resulten con plaza asignada, deberán inscribirse en los procesos de asignación siguientes hasta que les sea asignada la plaza para cumplir con el servicio social obligatorio”, señala el proyecto de resolución.
Para subir el número de plazas, el documento propone que el ministerio y las secretarías departamentales y distritales de salud brinden la información necesaria para incentivar su creación.
En cuarto lugar, las secretarías de salud y la persona que esté a su mando serán las encargadas de evaluar y resolver las peticiones de exoneración del rural.
EL COLOMBIANO conoció la carta que le envió la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) al ministro Guillermo Jaramillo con los comentarios al proyecto de resolución. Está fechada este miércoles 28 de febrero (ver carta).
Sobre el cambio en la duración del SSO, la asociación opinó que “puede resultar incoherente y en contravía con los objetivos de mejorar la continuidad de la atención en salud”. Explicó que los procesos de vinculación “toman un tiempo” y que “hacer cambios en los equipos de salud cada seis meses resulta contraproducente para la implementación y consolidación de un modelo de atención preventivo y prospectivo”.
Por otro lado, ante la modificación de las causas de exoneración consideran que para poder hacerlo “es necesario que el Gobierno Nacional garantice un número de plazas igual o mayor al número de egresados de cada una de las profesiones que deben cumplir con el SSO”.
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Y al pie lanza un argumento duro y al piso: “si no hay un número de plazas suficiente, siempre habrá un número de profesionales a quienes se le aplazará de manera indefinida su registro en el ReTHUS (Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud) y, por ende, la autorización para ejercer su profesión”.
Para Ascofame esto generaría “una situación de incertidumbre totalmente injusta para unos jóvenes profesionales que han pasado seis años o más formándose”. Además, llamó la atención que los profesionales de la salud estudian haciendo grandes esfuerzos financieros, por lo cual “es imperativo para ellos iniciar su ejercicio profesional y laboral remunerado sin mayores dilaciones”.
Finalmente, sobre los profesionales que queden sin asignación de plaza y deban esperan al siguiente sorteo la asociación considera que incentivar la creación de más plazas puede “no resultar suficientes para garantizar un número de plazas coherentes con el número de egresados de cada profesión“.
El precio de elaborar esa resolución le costó el puesto a la directora de Desarrollo del Talento Humano en Salud, Edilma Suárez, quien ocupó ese cargo —que tenía como función organizar el SSO— hasta diciembre de 2023.
Una alta fuente del Ministerio de Salud le contó a EL COLOMBIANO que la salida de Suárez se dio por las profundas diferencias que tuvo con el ministro Guillermo Jaramillo a raíz de este proyecto de resolución y el manejo que quiere darle el ministro al rural, pues para el funcionario es regla tácita que “no se exonera a nadie”.
“Él no escucha lo técnico, actúa por capricho y eso afecta la institucionalidad”, afirmó la fuente respecto al tema.
En los pasillos del ministerio pocos ignoran esto, pues por esas diferencias ambos tuvieron una fuerte discusión que ocurrió en una reunión con decenas de funcionarios. El tema, incluso, llegó a oídos de algunas asociaciones gremiales de salud, desde donde también confirmaron el hecho.
Pues bien, por esta oposición el ministro le pidió la carta de renuncia a Edilma Suárez y, contó la fuente del ministerio, ahora la misión de “no exoneración de nadie” está en manos de quien la remplazó en la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud, José Alexis Mahecha Acosta.
Mahecha, como lo contó este diario, es un exagente y exjefe de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que no tiene experiencia relacionada con el sector salud.
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