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El Acuerdo de Punto es un paquete de medidas para hacer más eficiente el gasto en salud, sanear las diferencias y deudas históricas que existen entre los agentes del sector para garantizar el financiamiento del sistema de salud.
Ese acuerdo fue aprobado en 2019 en el artículo 237 del Plan Nacional de Desarrollo del expresidente Iván Duque y buscaba contribuir a la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud por medio de criterios y plazos que los gobiernos definan para hacer seguimiento al saneamiento de las cuentas de recobro relacionadas con los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la unidad de pago por capitación (UPC), conocidos como Presupuestos Máximos.
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La UPC es la prima que el Estado les gira mensualmente a las EPS por cada afiliado que tiene para garantizar que se le brinde toda la atención médica del Plan de Beneficios en Salud (PBS) en el que están incluidos casi el 91 % de servicios y tecnologías en salud.
El PBS es el conjunto de servicios de salud (procedimientos, medicamentos, exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas) que las EPS deben garantizar a todas las personas afiliadas al sistema de salud).
No obstante, según la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 –que declaró la salud como derecho fundamental autónomo– para el 2023 no se había efectuado el pago total de esta deuda, que según el Gobierno, se completaría en agosto de 2022.
Así mismo, encontró montos sin cancelar que fueron aprobados dentro del acuerdo; sumas de dinero que no se negociaron en el acuerdo porque se discuten en procesos judiciales; así como que a partir del año 2020, surgió una nueva deuda en favor de las EPS y las clínicas y hospitales por la prestación de dichos servicios.
Por otro lado, esa Sala de la Corte que los actores del sector indicaron que, en relación con la nueva deuda surgida a partir de 2020, se les debe más de un billón de pesos por ese motivo y que se originaron, en gran medida, por servicios brindados durante la pandemia de la covid-19.
Así las cosas, le ordenaron al Ministerio de Salud que pague esos dineros aprobados con el Acuerdo de Punto Final y que no se hayan cancelado. Para esto tendrá un plazo de dos meses desde que se comunique la decisión, es decir, 28 de abril.
Hasta ahora, el Ministerio de Salud no se ha pronunciado sobre esta decisión y el ministro Guillermo Jaramillo no respondió los mensajes que le dejó EL COLOMBIANO.
Esta es la segunda decisión que anuncia la Sala Especial de Seguimiento en menos de un mes. El 2 de febrero pasado la Corte señaló que sí había deudas con las EPS por Presupuestos Máximos y le ordenó crear un modelo de cálculo de esos presupuestos para estimarlos de mejor manera.
Entre tanto, una crisis financiera asoma
Un preocupante vaticinio sobre el sistema de salud hizo el analista Ricardo Ávila, a raíz de las decisiones del Gobierno nacional en materia de salud. Pasando por el nombramiento de Aldo Cadena como presidente de la Nueva EPS, el trámite de la reforma a la salud en el Congreso, los giros a las entidades promotoras de salud (EPS) y el cambio de enfoque en el modelo que –mal que bien– lleva 30 años dando resultados.
En su reflexión, Ávila habló de la actualidad financiera de la Nueva EPS de lo que significa que Cadena, exsecretario de Salud de Bogotá durante la administración de Petro, haya llegado a su presidencia.
Vale recordar que Cadena llegó a ese cargo tras una “jugadita” del Gobierno en la que, presuntamente, hubo presiones (relacionadas a intervenciones de la Superintendencia de Salud) a miembros de la junta directiva de esa EPS, que está conformada por tres personas de las cajas de compensación Cafam, Colsubsidio y Compensar y otros dos representando al Gobierno.
Lo alarmante, señala Ávila, es que las proyecciones internas hablan de un saldo en rojo de $1,7 billones en esa aseguradora, empezando porque allá arribarán cerca de 8 millones de afiliados más que llegan de Famisanar, Emssanar, Savia Salud y Asmet Salud, EPS que están intervenidas.
Por lo tanto, con esa nueva población también llega “una mayor carga de enfermedad y una atención rezagada”.
En suma, lo que advierte el analista en el diario El Tiempo es que con la Nueva EPS el Gobierno verá que —como han afirmado los gremios de las EPS Gestarsalud y Acemi— la plata por UPC no alcanza para cubrir la demanda en salud actual. Sobre todo con la más reciente orden que dio el presidente Gustavo Petro el viernes pasado cuando posesionó, entre otros, a Luis Carlos Leal como superintendente de Salud.
(Vea también: Los cambios que tendría la Nueva EPS con orden de Petro de adelantar reforma a la salud)
“Nosotros queremos que implementemos el modelo en las EPS que ya controlamos. Eso significa que la Nueva EPS comienza a construir un modelo preventivo de salud. Ahora hagámoslo”, anunció entonces el Jefe de Estado.
Este modelo es, en plata blanca, invertir más plata en la atención primaria en salud para formar un sistema preventivo y predictivo, que privilegie las brigadas de equipos de salud que vayan a las viviendas en ciertas zonas del país para evaluar a las personas su estado de salud y así identificar, con tiempo, si padece alguna enfermedad y pueda atendérsele prontamente.
Sin embargo, Ávila criticó que el Gobierno Petro cree “a ojo cerrado” que con “la implementación del giro directo de dineros y el enfoque preventivo del nuevo modelo” se reducirán los costos en salud.
De igual manera, esa premisa es rebatida duramente no solo por la oposición a la reforma a la salud, sino por los expertos y los académicos que, alejados del debate ideológico superficial, la refieren como un imposible. Principalmente, por la realidad probada y documentada en todos los sistemas de salud del mundo de que “en materia de atención en salud, siempre habrá necesidades no satisfechas”, como advierte el consultor y médico Ramón Abel Castaño.
“Los recursos son finitos y ello no permite satisfacer a cabalidad todas las necesidades en salud de las personas”, agrega.
Finalmente, Ricardo Ávila vaticinó que no se vislumbra vía alterna al “abismo”, que se “traducirá en un mayor descrédito” y “en pérdidas de bienestar y de dinero que acabarán siendo asumidas por la población”.
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