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La relación comercial entre Colombia y Ecuador enfrenta uno de sus momentos más tensos tras la entrada en vigor de aranceles recíprocos del 30% a una amplia variedad de productos a partir de la medianoche del 1° de febrero. Esta medida representa un golpe considerable para un intercambio binacional que, según reporta El Colombiano, supera los 2.800 millones de dólares anuales y genera incertidumbre tanto entre empresarios como transportadores y consumidores situados a ambos lados de la frontera.
La aplicación de estos aranceles ha provocado que decenas de camiones se acumulen en los principales puntos fronterizos, intentando agilizar entregas antes de que las nuevas restricciones eleven los costos y los trámites. Mientras tanto, los gremios transportadores han respondido con una movilización sin precedentes: la Marcha por la Dignidad Fronteriza, convocada por la Asociación Colombiana de Camioneros en Nariño, espera reunir a más de mil participantes el 3 de febrero de 2026, con el objetivo declarado de forzar el reinicio del diálogo entre ambos gobiernos.
Manuel Romo, vicepresidente de dicho gremio, advirtió a Caracol Radio que la movilización busca que los gobiernos atiendan las peticiones del sector transportador y cuestionó la legitimidad de imponer restricciones comerciales en el marco de la Comunidad Andina y de un tratado de libre comercio vigente que, según la perspectiva de los manifestantes, estaría siendo vulnerado.
Los expertos y representantes empresariales consultados por El Colombiano señalan que el flujo de comercio podría perder hasta el 40% de su volumen habitual, un impacto que afectaría gravemente a zonas fronterizas como Ipiales y Nariño, incrementando riesgos asociados al contrabando y la inseguridad, pues algunos comerciantes podrían optar por pasos irregulares ante el cierre o encarecimiento de las rutas oficiales.
El origen de esta crisis se remonta a la decisión unilateral del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien, durante el Foro Económico Mundial de Davos el 21 de enero, anunció la creación de una “tasa de seguridad” del 30% para productos de origen colombiano. Ecuator sostiene que la medida responde a la “falta de cooperación en la frontera” y la necesidad de un compromiso más firme del gobierno colombiano contra flagelos como el narcotráfico y la minería ilegal, problemas que, según el mandatario, han convertido a su país en una importante ruta de salida de droga hacia Estados Unidos y Europa.
La respuesta de Colombia fue la imposición de aranceles equivalentes a cincuenta productos ecuatorianos vitales, incluyendo alimentos básicos y bienes industriales, así como la suspensión temporal de la exportación de energía eléctrica. El Ministerio de Minas y Energía justificó esta decisión en la necesidad de garantizar el suministro interno, aunque dejó la puerta abierta a una reactivación del intercambio energético si se restablecen condiciones de “confianza y buena fe”.
Las repercusiones para Ecuador son inmediatas y profundas: según Analdex, los sobrecostos energéticos ascienden a casi dos millones de dólares diarios ante la necesidad de recurrir a generación térmica y fuentes menos eficientes. A esto se suma el aumento en un 900% de la tarifa que Colombia debe pagar por el uso del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), elevando el costo del transporte de crudo de 3 a 30 dólares por barril, un encarecimiento que afecta a Ecopetrol y pone presión sobre el sector exportador colombiano.
En este contexto de medidas cada vez más severas, la falta de diálogo y la erosión de la confianza entre los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa proyectan un futuro incierto. Los efectos económicos ya se sienten entre los productores y transportadores, quienes a corto plazo asumen costos adicionales e incertidumbre, mientras los países arriesgan la dilapidación de una relación clave para la estabilidad regional.
¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de una guerra comercial entre países vecinos?
Las confrontaciones arancelarias como la analizada pueden tener efectos que trascienden el corto plazo. Además de la pérdida directa de mercados y el encarecimiento de productos para el consumidor final, una guerra comercial debilita los lazos de cooperación institucional, socava la confianza en los tratados regionales como los de la Comunidad Andina y fomenta actividades informales o ilícitas a lo largo de la frontera.
Para Colombia y Ecuador, este escenario puede traducirse en la urgencia de buscar nuevos socios comerciales, un proceso que demanda inversiones, tiempo y adaptación a demandas distintas, y en la fragmentación de cadenas productivas históricas. Frente a estos riesgos estructurales, el restablecimiento del diálogo y el fortalecimiento de los canales diplomáticos se convierten, según las voces consultadas, en la única vía sostenible para evitar una erosión mayor del tejido económico y social de ambos países.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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