El 40 % restante de los principales comerciantes del país le pidió a la entidad un plazo de tres meses (hasta el 1 de diciembre) para la adaptación de la factura electrónica porque manifestaron haber tenido problemas técnicos para su implementación.
De acuerdo con la Dian, desde el 1 de enero del próximo año todas las empresas y personas naturales que declaren IVA o impuesto al consumo deberán facturar de manera electrónica, lo que supondría un punto de quiebre en la transformación de la economía del país.
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Estas facturas comenzaron a implementarse desde marzo del 2017 y a partir ese momento hasta el 16 de julio de este año, se han registrado ventas por $56,23 billones, de los cuales casi $14 billones se realizaron el año pasado y los más de $40 billones restantes en lo que va del 2018. Estas cifras equivalen a compras plasmadas en más de 4 millones de facturas electrónicas, según Portafolio.
Entre las ventajas que señala el medio económico citado está el ahorro de hasta un 80 % de gastos en la emisión y gestión que genera el papel en comparación con el electrónico, y el respaldo al cuidado del medio ambiente, pues se evita la tala de casi 60 árboles.
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