El Gobierno de Gustavo Petro avanza en la declaratoria de una emergencia económica para enfrentar el déficit fiscal generado tras el hundimiento en el Congreso de la ley de financiamiento, que contemplaba ingresos por 16,3 billones de pesos para 2026.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el decreto está en su fase final y busca asegurar los recursos necesarios para ejecutar el presupuesto ya aprobado.
Según el Ejecutivo, existen hechos sobrevinientes que afectan el equilibrio fiscal, entre ellos la falta de crecimiento esperado en el recaudo tributario y nuevas obligaciones de gasto.
El borrador del decreto plantea un paquete de medidas tributarias de rápida aplicación. Entre ellas se destacan el aumento transitorio del gravamen a los movimientos financieros al 5×1.000 en 2026, el fortalecimiento del impuesto al patrimonio, que incluiría por un año a las personas jurídicas, y la ampliación de impuestos indirectos.
También se propone gravar con IVA los juegos de suerte y azar por internet, elevar los impuestos al consumo de licores, cigarrillos y productos derivados, y crear un impuesto especial del 1 % sobre la primera venta o exportación de crudo y carbón.
El Gobierno justifica la emergencia por riesgos en la financiación del sistema de salud, los subsidios a la energía, las vigencias futuras y necesidades de seguridad nacional.
Sin embargo, gremios y centros de estudio cuestionan la constitucionalidad de la medida y advierten que la situación fiscal es estructural y no excepcional, lo que podría generar incertidumbre jurídica y económica.
¿Por qué el Gobierno de Petro afronta déficit fiscal?
El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un déficit fiscal como resultado de una combinación de factores estructurales y coyunturales que han presionado las finanzas públicas desde el inicio de su mandato.
Uno de los principales elementos es el alto nivel de gasto comprometido en el presupuesto nacional, que incluye obligaciones sociales, transferencias, subsidios y pagos derivados de vigencias futuras aprobadas en gobiernos anteriores.
Estos compromisos son de carácter legal y constitucional, lo que limita el margen de maniobra para reducirlos en el corto plazo, incluso en un contexto de estrechez fiscal.
A esto se suma un crecimiento del recaudo tributario menor al proyectado. Aunque los ingresos no han caído, sí han aumentado a un ritmo inferior al esperado, afectado por la desaceleración económica, la menor dinámica del consumo y la inversión, y cambios en sectores clave como el minero-energético.
La situación se agravó cuando el Congreso negó la ley de financiamiento que buscaba cubrir parte del faltante presupuestal, dejando aprobado un presupuesto sin las fuentes de ingresos previstas para ejecutarlo plenamente.
Adicionalmente, el Gobierno ha debido asumir nuevos costos no previstos inicialmente, como mayores recursos para el sistema de salud, subsidios a la energía para los hogares más vulnerables y gastos asociados a la seguridad y el orden público.
Este conjunto de presiones ha ampliado la brecha entre ingresos y gastos, obligando al Ejecutivo a buscar medidas extraordinarias para garantizar el funcionamiento del Estado y cumplir sus compromisos sociales y macroeconómicos.
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