El documento señala que los trabajadores de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán viajar en clase económica, a menos que muestren una justificación válida y que el vuelo sea de más de 8 horas, y no se reconocerán gastos de traslado si los funcionarios viajan en una comitiva presidencial o vicepresidencial.

En ese sentido, tampoco se pagarán viáticos si los viajes de los funcionarios son asumidos por otro organismo o entidad; si los cubren de manera parcial, solo se reconocerá la diferencia en forma proporcional a criterio de la entidad.

Por su puesta esta medida entrara

El Gobierno además ordena “reducir las comisiones de estudio al interior o exterior del país, en por lo menos, el 10% respecto del año anterior”.

Además, el decreto dicta que no se podrá aumentar el personal si eso implica más  costos, y restringe la contratación de personas por prestación de servicios; y deben racionalizar las horas extras, “ajustándolas a las estrictamente necesarias”. Las vacaciones no se pueden acumular.

Asimismo, el Gobierno solicita hacer una revisión de los esquemas de seguridad de los servidores públicas y, si es posible, reducirlos.

Prohíbe, además, que las entidades adquieran vehículos o hagan cambios de los mismos, a menos que el carro tenga una obsolescencia mayor a 6 años.

Finalmente, las entidades también deben reducir gastos de papelería, telefonía y evitar suscribirse a periódicos, revistas o medios digitales, así como limitarse a hacer eventos estrictamente necesarios y utilizando auditorios o espacios institucionales.