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El último informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia le hizo un jalón de orejas al Gobierno por el que sería un incumplimiento del Acuerdo de Paz: las garantías de acceso a una vivienda propia para los reincorporados de la extinta guerrilla de las Farc.
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“La falta de viviendas para excombatientes siguió siendo uno de los desafíos más importantes del Gobierno”, apuntó António Guterres, secretario general de la ONU, durante la presentación del informe trimestral (enero-marzo de 2024) que le hace seguimiento al Acuerdo de Paz.
En efecto, desde el gobierno del expresidente Iván Duque se planteó la posibilidad de que los predios –en los que se ubicaban los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)– fueran comprados y adecuados para las viviendas de los excombatientes.
Ese anunció ocurrió el 9 de marzo de 2022. La Universidad Nacional había hecho un estudio de prefactibilidad en el que indicó que los ETCR de Llano Grande y Mutatá (Antioquia), La Fila (Tolima) y Los Monos (Cauca) eran viables para la implementación del proyecto de vivienda.
El plan implicaba la construcción de 521 viviendas para los excombatientes y una inversión de 50.000 millones de pesos en esos cuatro departamentos.
El gobierno de Duque terminó y asumió el presidente Gustavo Petro. Entre ambas gestiones solo han podido construir 37 viviendas –todas en Cauca–, advirtió la ONU.
Desde que se hizo la promesa han pasado 768 días.
“La mayoría de la población ya estaba ubicada fuera de los espacios territoriales y, además, hubo muchas dificultades en los acuerdos sobre quienes debían ser los priorizados para vivienda en los ETCR. El gobierno pasado finalizó sin una sola vivienda entregada en esos Espacios Territoriales”, señaló Laura Vega, delegada de los reincorporados ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).
El CNR es una instancia que reúne a delegados del Estado y de los excombatientes para discutir las necesidades que han surgido con la implementación del Acuerdo. Allí, justamente, se le planteó al Gobierno pasado, nuevamente, que la necesidad de vivienda de los excombatientes persistía.
Entonces, el expresidente Iván Duque firmó el decreto 650 del 27 de abril de 2022. El articulado le otorgó un subsidio de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes a las personas en proceso de reincorporación que, además, cumplieran con los requisitos para ser aceptados en el programa de Mi Casa Ya.
“Esta iniciativa solo aplica para los reincorporados que están en la ciudad, porque Mi Casa Ya no tiene proyectos en municipios pequeños. Además, son para vivienda nueva. Eso implica que el firmante deba adquirir una deuda con el banco y, muchas veces, esta población no tiene la capacidad de endeudamiento. Por eso son muy pocos los que han podido acceder a ese subsidio”, añadió Vega.
La cifras entregadas por la Misión de Verificación indican que hasta ahora se han entregado 31 subsidios de vivienda para una población que alcanza las 10.500 personas. Solo el 0,3% de los excombatientes, que viven fuera de los ETCR, ha logrado acceder a una vivienda propia.
Este 11 de abril el CNR sesionó y acordó citar a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, para tratar de encontrar alternativas a las dificultades de acceso a la propiedad que tienen los firmantes del Acuerdo. Tarea que, dicen, será difícil.
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“Ha sido complejo el relacionamiento con MinVivienda. Se le ha solicitado reuniones y la respuesta siempre es que no hay recursos. Pero la idea es encontrar salidas a este tema tan complejo”, puntualizó Vega.
De momento, no hay fecha confirmada para que la ministra escuche las necesidades de los excombatientes en materia de vivienda. Eso sí, el llamado de la ONU fue claro: “Es crucial que el Ministerio de Vivienda actúe para resolver esta situación. Sería beneficioso implementar soluciones como los programas de autoconstrucción y facilitar el acceso a los subsidios de vivienda”.
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