“La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio adoptó la medida cautelar de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio de las acciones de propiedad de la sociedad Inassa S.A. en la empresa Triple A, S.A, E.S.P, las cuales corresponden al 82 % del capital de esta última”, informó la Fiscalía en un comunicado.

Triple A, que maneja los servicios públicos de Barranquilla, está participada por Inassa, filial latinoamericana de la empresa pública española Canal de Isabel II.

Según la Fiscalía en las pruebas que reposan en el expediente, se relacionan hechos ocurridos desde 2000 hasta 2017 en el que se detectaron supuestos pagos fraudulentos a través de un “contrato de asistencia técnica”, que habrían causado un detrimento patrimonial cercano a los 236.853 millones.

El contrato se remonta al 4 de septiembre de 2000, cuando Inassa y Triple A acordaron la entrega del 4,5 % del recaudo mensual de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y limpieza a cambio de una supuesta asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica.

Las investigadores calculan que en 17 años de vigencia de dicho contrato se habrían pagado la millonaria suma, valor que actualizado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegaría a más de 329.000 millones de pesos.

“Los elementos recaudados indicarían que el objeto del ‘contrato de asistencia técnica’ nunca se cumplió”, señaló la Fiscalía, cuyo titular, Néstor Humberto Martínez Neira, calificó el negocio de “saqueo” de Triple A.

Según la entidad, hay evidencia de “desviación irregular de recursos para beneficiar a terceros”, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A., del grupo Canal Isabel II; y la compañía panameña Slasa, “que presuntamente recibieron los dineros en giros que llegaron a una cuenta de compensación en Miami (EE. UU.)”.

“Esta maniobra financiera, al parecer, garantizaba que parte de los recursos quedaran entre los socios y un porcentaje fuera destinado para los gastos operacionales de Inassa”, explica la Fiscalía.


Por todo ello, prohibió salir del país e impuso multas a los españoles Francisco Olmos Fernández Corugedo, exgerente de Triple A, y Francisco Javier Malia Baro, exgerente general de Inassa.

La misma sanción afecta a los exgerentes de Triple A Luis Fernando Arboleda González, Carlos Alberto Ariza Duque y Ramón Navarro Pereira, así como a Luis Alberto Nicolella de Caro, exgerente general de Inassa, y a Germán Sarabia Huyke, gerente de la misma empresa.

Igualmente impuso pago de pago de multas a los españoles Carlos Roca García, actual gerente Inassa; Alberto Muguiro Eulate, presidente ejecutivo de Inassa, y Edmundo Rodríguez Sobrino, procesado en España como expresidente de la misma compañía en el llamado “caso Lezo” y hombre fuerte del expresidente madrileño Ignacio González en Latinoamérica.

“Los procesados son investigados por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares”, agregó la Fiscalía.