Así lo aseguró Blu Radio al señalar que el operativo se adelanta en este punto de la capital y fue ordenado por una fiscal especializada de la Dirección de Investigaciones financieras.

Esto porque, aparentemente, Avianca Holdings “se negó a una inspección anterior en la que los fiscales pretendían acceder a elementos tecnológicos” de la compañía, puntualizó la emisora.

El delito de soborno transnacional fue el que motivó el allanamiento luego de que la Superintendencia de Sociedades le informara a la Fiscalía que en esas oficinas existían computadores con datos detallados sobre el escándalo.

La investigación intenta determinar si altos directivos de la compañía aceptaron sobornos para comprar exclusivamente aviones de Airbus.

Sin embargo, Avianca no es el único acusado, pues otras compañías asiáticas y múltiples aerolíneas chinas están en el centro del escándalo por las supuestas comisiones pagadas por Airbus para conseguir contratos, que le han costado ahora cerca de 3.600 millones de euros en multas al grupo europeo.

Según el documento sobre el acuerdo por el que Airbus evita una condena penal a cambio de esas multas, publicado este miércoles por la Fiscalía Financiera de Francia (PNF), la compañía europea utilizó a un intermediario comercial en Colombia.

A través de este intermediario, Airbus obtuvo contratos entre 2006 y 2014 para que le asistiera en las negociaciones con Avianca, que el 30 de abril de 2015 formalizó la compra de 133 aviones de tipo A320neo, valorados en cerca de 15.000 millones de dólares.

Algunos de esos contratos con el intermediario contemplaban el pago de una comisión en función de los resultados, bien por avión vendido, por campaña o con un porcentaje del precio de venta de las aeronaves.

La aerolínea colombiana anunció a finales de enero nvestigación interna tras conocer el acuerdo de Airbus para eludir procesos judiciales con Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

El caso -que se remonta a 2014 y supuso una amenaza significativa sobre Airbus, como la de no poder presentarse a licitaciones públicas- se refiere al uso de intermediarios no declarados para obtener contratos civiles y militares.

Es por ello que Avianca contrató un bufete de abogados internacional para realizar “una investigación interna independiente sobre el vínculo comercial” con el grupo aeronáutico y determinar si la aerolínea “fue víctima de actuaciones indebidas o ilegales”.