Luego de la expedición del Decreto 719 de 2024, el ejecutivo afronta varias críticas, pese a que ese documento establece las condiciones para que no se interrumpan los servicios de salud en Colombia.
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El principal punto que se buscaría modificar son las reglas para poder trasladar de manera forzada a los usuarios hacia las entidades promotoras de salud que aún operen en los lugares o municipios que puedan ser afectados.
De esta manera, habría una contradicción respecto a la medida de intervención de Sanitas y Nueva EPS, porque, según Ana María Vesga, presidenta de Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral), esas entidades tienen una restricción para recibir pacientes.
“Tenemos una duda alrededor de que, si las intervenciones y los retiros voluntarios se aceptan porque la población tiene que ser trasladada a otras EPS, pero las EPS intervenidas tienen una restricción regulatoria para recibir nueva población”, aseguró Vesga.
Además, para Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud, no está claro cómo se va a estructurar el mecanismo de traslado de usuarios teniendo en cuenta que las EPS sobrevivientes serían insuficientes, por lo que no ve viable el retiro voluntario solicitado por algunas.
“Este Gobierno ha mostrado claramente su intención de mantener en administración las EPS y por ningún motivo creo que los vayan a dejar hacer ese retiro voluntario”, afirmó Aristizábal.
¿Qué dice el decreto que firmó el Gobierno Petro al respecto?
Ese documento, que fue presentado el pasado 5 de junio, está enmarcado dentro de la decisión tomada por tres de las más grandes EPS de solicitar el retiro voluntario del sistema de salud.
Sin embargo, este no contempla la distribución actual de los pacientes de las empresas que buscan ser retiradas. Es decir que hay zonas del país que se quedarían sin cobertura, si la medida de contención se basa solo en el traslado de usuarios.
En este sentido, datos de la Superintendencia Nacional de Salud, citados por El Tiempo, indican que de aceptarse el retiro de Compensar, Sura y Bolívar, por lo menos 612 municipios no contarían con cobertura en el régimen contributivo y 556 en el subsidiado.
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