El cobro de las multas impuestas con ocasión de infracciones de tránsito cometidas por los actores viales es un dolor de cabeza para las autoridades. No todos los ciudadanos son buenas pagas y, por eso, se ha apelado a una gama de mecanismos para forzar el cumplimiento de esas obligaciones.
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El primero de ellos, el más razonable y con el que se estrellan muchos deudores, es la imposibilidad de hacer trámites de tránsito (por ejemplo, traspasos de vehículos o renovación de licencias de conducción) hasta cuando el infractor pague lo que debe y muestre paz y salvo. Entre otras medidas que resultan extremas está el embargo de cuentas bancarias.
Todo eso, en apariencia, tiene sentido, sobre todo si se mira desde las raquíticas arcas del Estado. Lo que no tiene sentido es que se ejecuten medidas como el embargo de una cuenta, y también se puedan hacer trámites de tránsito en la Secretaría de Movilidad de Bogotá pese a las deudas.
Eso fue lo que le ocurrió a Juan Pineda*, un joven ingeniero que tiene su cuenta de ahorros en Davivienda, y que, al intentar hacer una transacción este miércoles 3 de enero, encontró que estaba embargada desde la noche del martes por la Secretaría Distrital de Movilidad.
El triste capítulo de la vida financiera de Pineda se lo contó él mismo a Pulzo, y comenzó, sin que se diera cuenta, cuando empezó la pandemia del coronavirus. En abril del 2020 le impusieron un comparendo porque la moto de su propiedad no tenía la revisión técnico-mecánica.
Ese día se cometió una irregularidad por parte de las autoridades de tránsito: a Pineda le clavaron en la misma fecha y a la misma hora otro comparendo también por revisión técnico-mecánica, por 300.000 pesos. En total fueron 900.000 pesos.
Pero lo extraño es que se le hubieran impuesto dos comparendos por revisión técnico-mecánica sin que la motocicleta de Pineda hubiera sido examinada física y directamente por algún técnico de la Secretaría de Movilidad.
Sin embargo, y con los comparendos vigentes, pudo vender sin ningún problema un carro de su propiedad en junio de ese mismo año. Se supone que la Secretaría de Movilidad debió impedírselo por la deuda que tenía pendiente.
Después, el 19 de agosto también de 2020, a Pineda le impusieron una infracción peatonal, categoría G, que es educativa. Pero esa orden de comparendo no tiene la firma de Pineda, sino una “mamarracho”, como él mismo la denomina. Ni siquiera se dio cuenta de que le pusieron un comparendo, que le cuesta 200.000 pesos, y no le dicen en qué infracción incurrió.
Al año siguiente, en 2021, Pineda, ya con tres comparendos encima, vendió otra moto que había comprado en 2019, y lo hizo también sin que la Secretaría de Movilidad se lo impidiera.
Además, en junio del año pasado, Pineda renovó su licencia de conducción, y también lo pudo hacer sin ningún problema. No sobra recordar que ese trámite tampoco se puede hacer si hay comparendos pendientes.
Embargan cuenta de Davivienda por comparendos
Todo estalló cuando Pineda fue a crear un bolsillo en Davivienda para hacer ahorros en su cuenta. La página del banco le dijo que no podía hacer ninguna transacción porque su cuenta había sido embargada por la Secretaría de Movilidad.
El joven llamó y el banco le confirmó la situación. Le dijeron que tenía que pagar para que le levantaran el embargo. Si bien la suma de las deudas de Pineda con la Secretaría de Movilidad es de 1’100.000 pesos, en el Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) solo le aparecen 432.000 pesos y en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) cero pesos.
En la consulta que hizo en el RUNT, Pineda encontró además que no tiene infracciones y que incluso le dan un número de paz y salvo.
El joven ingeniero no se niega a pagar porque es la única forma de desembargar su cuenta de ahorros. Incluso, afirma, hubiera pagado mucho antes si la Secretaría de Movilidad lo hubiera notificado o le hubiera impedido los trámites que pudo hacer sin ningún inconveniente.
Y como cereza del pastel que encontró Pineda, adornado también por una evidente mala gestión de la información, el afectado ve que solo hay un lugar en toda la capital para hacer su reclamo: la sede de la Secretaría de Movilidad en la calle 13.
* El nombre del joven fue cambiado.
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