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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Sep 2, 2025 - 1:01 pm

Bogotá está viviendo una fuerte sacudón en la lucha contra la evasión fiscal en 2025. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se ha hecho notar, al cerrar temporalmente 21 establecimientos comerciales en la ciudad. Esto sucedió por no acatar la norma legal de emitir factura electrónica o equivalentes con cada transacción, resaltando así su compromiso por azotar la informalidad empresarial y la evasión de impuestos, según informó Forbes.

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Cada cierre temporal duró tres días y cubrió diversos distritos como La Alquería, Venecia, La Candelaria, Kennedy, Restrepo y San Isidro, como detalló el citado medio. Los establecimientos sancionados pertenecen a una gama amplia de sectores económicos como bares, restaurantes, tiendas de calzado, negocios de productos de belleza, establecimientos de textiles y fruver. 

Al respecto, Patricia González Vasco, directora de la Seccional de Impuestos de Bogotá, indicó: “La facturación electrónica no solamente es un requisito normativo. También es una herramienta fundamental que transparenta las operaciones comerciales y promueve la equidad en la competencia empresarial”, enfatizó además en cómo este requisito reduce la evasión tributaria y crea un escenario más justo para aquellos que cumplen con sus deberes fiscales.

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Recordemos que la Dian estableció en 2023 un nuevo regulación que exige a todas las empresas en Colombia emitir factura electrónica por cada transacción que supere los 249.000 pesos, lo que equivale a 5 Unidades de Valor Tributario (UVT). Negarse a cumplir con esta medida puede resultar en sanciones que incluyen cierre temporal de hasta tres días y multas equivalentes al 5 % de los ingresos operativos del negocio.

Tras un debido proceso administrativo, se aplican estas medidas con el firme propósito de mantener el orden legal y proteger a los contribuyentes que se atienen a sus obligaciones. De hecho, lo que se sabe es que la Dian ha prometido que seguirá con operativos en distintas zonas para reforzar la cultura tributaria y garantizar el seguimiento de la normativa sobre facturación electrónica.

En resumen, el cierre temporal de estos 21 establecimientos es una manifestación palpable de la política fiscalizadora de la entidad en su intento por garantizar que todos los comercios emitan factura electrónica, con el fin de mantener el sistema tributario, promueve la transparencia en el comercio y evita la evasión fiscal.

 

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