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Fabio César Largo Ordóñez, quien se desempeña como director Nacional de Salud, expuso la grave situación financiera que atraviesa la institución a su cargo debido a una deuda pendiente de 79 mil millones de pesos por parte de la Nueva EPS. Según sus declaraciones difundidas por LA PATRIA, este significativo monto no solo dificulta el funcionamiento cotidiano del hospital, sino que también obstaculiza la contratación de especialistas y subespecialistas esenciales para el municipio. La falta de recursos impide además que el hospital cumpla con sus compromisos con proveedores y dificulta la adquisición de insumos y dispositivos médicos de alta complejidad, afectando directamente la calidad de los servicios ofrecidos.
Largo expresó su preocupación ante la antigüedad de la deuda, la cual se ha acumulado durante varios meses. Pese a los múltiples llamados realizados a las directivas de la Nueva EPS para sentarse a dialogar y buscar acuerdos que permitan resolver la situación, hasta el momento no han conseguido avances concretos hacia una solución. Esta falta de comunicación y de compromiso tanto verbal como escrito por parte de la aseguradora incrementa el nivel de incertidumbre y riesgo para la institución, especialmente en lo relacionado con el pago a los colaboradores.
A pesar de la crisis, el directivo ha enfatizado que el cierre de servicios no afecta la atención de urgencias vitales, obligación que se mantiene tanto por razones éticas como legales. Detalló que los pacientes que requieran atención urgente serán estabilizados y posteriormente remitidos por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) a otras instituciones de la red, garantizando así la salvaguarda de la vida de los usuarios ante cualquier emergencia.
El impacto de la crisis no se circunscribe únicamente al ámbito hospitalario. Según el director, la imposibilidad de ofrecer servicios de especialistas y subespecialistas también afecta la economía local de La Dorada, pues desde el establecimiento del hospital hace dos años se dinamizaron sectores como la hotelería, el transporte y la restauración, generando empleos indirectos que ahora están en peligro.
Frente a este panorama, el directivo exhortó a los afiliados de la Nueva EPS a acudir a la oficina de la aseguradora con el fin de reprogramar sus procedimientos de mediana y alta complejidad, así como sus citas con especialistas. Esta medida busca presionar la adopción de decisiones que garanticen la continuidad de la atención especializada en una región que depende principalmente del hospital para acceder a estos servicios.
La Nueva EPS, hasta la fecha, no ha emitido respuestas claras o específicas sobre el pago de las deudas a las instituciones de salud en Caldas. La falta de respuesta es vista con especial gravedad, dado que ya se han registrado antecedentes similares en la zona. En agosto, el Hospital San Félix, también en La Dorada, suspendió servicios a la aseguradora por deudas cercanas a los 26 mil millones de pesos. Asimismo, la Clínica Avidanti en Manizales se mantiene cerrada para usuarios de la Nueva EPS, mientras las deudas siguen aumentando en centros como el SES Hospital Universitario de Caldas, el Hospital Departamental Santa Sofía y la Clínica San Juan de Dios.
El silencio de la Nueva EPS y la ausencia de soluciones concretas ahondan la preocupación de las autoridades de salud y de la comunidad, a la espera de respuestas que permitan estabilizar la prestación de servicios y salvaguardar el bienestar colectivo.
¿Qué consecuencias puede tener la suspensión de servicios de los hospitales a una EPS?
La suspensión de servicios hospitalarios a una Entidad Promotora de Salud (EPS), como en el caso mencionado con la Nueva EPS, puede generar efectos negativos en la atención de usuarios que requieren servicios de mediana y alta complejidad. La falta de acceso a estos servicios pone en riesgo la salud de quienes esperan procedimientos, consultas especializadas o tratamientos urgentes, y puede derivar en una sobrecarga para otros hospitales o clínicas de la red.
Esta situación también tensiona la relación entre sector público y privado en salud, afecta la economía local por la disminución de empleo indirecto y debilita la confianza ciudadana en la capacidad del sistema para brindar soluciones efectivas. Por ello, la gestión oportuna de estas crisis se vuelve clave para evitar consecuencias mayores para pacientes y trabajadores de la salud.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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