La policía lusa hizo este martes registros en varias instituciones públicas y privadas, entre ellas el Instituto Portugués del Deporte y Juventud y la Cruz Roja Portuguesa.
Esto, por presuntas irregularidades en contratos para la construcción de instalaciones y la realización de pruebas de COVID-19.
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La fiscalía portuguesa explicó hoy en un comunicado que investigan hechos susceptibles de ser crímenes de participación económica en negocio y de abuso de poderes, por titular de cargo político, así como de usurpación de funciones.
En el marco de esta investigación, la policía judicial lusa cumplió nueve órdenes de registro domiciliarias y no domiciliarias en Lisboa y Viseu, en la región centro del país.
En concreto, tuvieron lugar en el Instituto Portugués del Deporte y Juventud, en la Cruz Roja Portuguesa, en el Hospital público Tondela-Viseu, en el Instituto Nacional de Salud Doctor Ricardo Jorge y en una empresa privada.
Parte de los hechos investigados se remontan a 2019, cuando se celebró un contrato público, por ajuste directo, para la adquisición de servicios de ingeniería con personas sin habilitación legal para el trabajo, explicó la fiscalía lusa.
Cruz Roja, en líos por procesos de contratación en ese país
Asimismo, hay “sospechas de favoritismo” de contratación pública para la realización de pruebas del virus COVID-19.
En los registros participaron varios agentes de la policía judicial, un representante del Colegio de Médicos, miembros de la fiscalía y dos jueces de Instrucción Criminal.
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