Es por eso que la Corte Suprema de Justicia ratificó que al no ser propiamente un trabajador de Invercolsa, Londoño “no podía participar como exempleado en el proceso de democratización de la propiedad accionaria del Estado en esa compañía”.
En 1997, Londoño, primer ministro del Interior y de Justicia de Álvaro Uribe, compró 145 millones de acciones por 9.462 millones de pesos. Unos años después, una decisión judicial, posteriormente apelada y suspendida, lo obligó a hacer la devolución. El estudio de caso llegó hasta este jueves.
La Sala de Casación Civil, que estudió el caso, también determinó que debía decretarse la “ineficacia de la compraventa de acciones, por existir una sentencia previa dictada en una acción popular que amparó los derechos colectivos a la moralidad administrativa y patrimonio público, y ordenó deshacer la enajenación, amén de su ilicitud, sin devolución del precio pagado”.
La decisión sostiene que el expediente “permite deducir que el demandado sabía de su vinculación no laboral con la sociedad Invercolsa, lo cual es tan cierto que él mismo pretende combatir ese colofón con un análisis probatorio distinto”.
Londoño ha insistido en que adquirió las acciones acorde a la oferta, pues él fue presidente ejecutivo de la firma durante varios años y, por lo tanto, tuvo una relación laboral con dicha firma.
“Nadie ha negado que el doctor Londoño prestó sus servicios a Invercolsa, el problema es considerar que hubo una relación laboral propiamente dicha, porque incluso él mismo siempre aceptó que no fue vinculado como mero trabajador”, concluye la Corte.
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