La propuesta fue planteada como posible medida frente al impacto del coronavirus en la economía nacional, y aunque se firmó en sesión plenaria virtual el pasado 6 de mayo, fue conocida públicamente apenas este domingo gracias a que varios legisladores la difundieron en Twitter.

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En ella, los parlamentarios proponen “un subsidio por valor de un salario mínimo mensual con todas las prestaciones sociales legales ($1.409.000) que se entregaría a 3.5 millones de personas empleadas en actividades formales e independientes vulnerables a la crisis” de la COVID-19.

Según el mismo texto, se beneficiarían además 31 millones de colombianos “pertenecientes a 9.5 millones de hogares pobres y vulnerables”, los cuales recibirían “una transferencia de un salario mínimo ($877.000)”.

“La propuesta en su totalidad permite beneficiar a cerca de 34,5 millones de personas, es decir al 71% de la población colombiana, por un periodo de tres meses”, aclara el documento, que así mismo precisa que dichos subsidios tendrían un costo total de 40.5 billones de pesos, por lo cual también se plantean las siguientes “fuentes de financiación inmediata” para su ejecución:

  1. Ampliar el impuesto al patrimonio;
  2. Reasignar gastos del presupuesto nacional: llevar a este plan de urgencia los recursos de transferencias monetarias existentes;
  3. Reducir los gastos de funcionamiento que no sean indispensables;
  4. Los recursos de proyectos aplazables y los cancelados como consecuencia de la emergencia;
  5. Los recursos disponibles en el FOME (en particular, los recursos de los títulos de solidaridad);
  6. El recaudo del impuesto solidario COVID-19 creado mediante el Decreto 568 del 2020;
  7. Suspender con efecto inmediato los beneficios tributarios aprobados en la Ley 2010 de 2020, Ley de Crecimiento Económico; y
  8. Solicitar un crédito directo al Banco de la República, garantizado en reservas internacionales, en desarrollo del artículo 373 de la Constitución Política.”

De estos puntos, llama la atención la petición que hacen los senadores (todos de oposición) para “suspender” de inmediato los beneficios tributarios a empresarios que tanto cuestionaron (y siguen criticando) ellos mismos cuando estaba en trámite en el Congreso la Ley de Crecimiento Económico, que finalmente fue aprobada y sancionada en diciembre pasado.

Luis Carlos Vélez.

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Pero, además, los firmantes reclaman una “reforma tributaria estructural […] progresiva, equitativa y eficiente como lo ordena la Constitución, que elimine beneficios tributarios injustos e innecesarios, aumente el impuesto al patrimonio, los dividendos y la renta de personas naturales de mayor riqueza”, para así -piden- financiar “a mediano plazo” su propuesta.

Según lo planteado por los congresistas en el citado documento, también se contempla crear una comisión para presentar esta iniciativa al Gobierno. De no llegar a algún acuerdo con el ejecutivo al respecto, añade la propuesta, los firmantes la presentarán como un proyecto legislativo que modifique los decretos ya emitidos, y por promulgar, por el Gobierno frente a la emergencia económica que vive el país a raíz de la pandemia del COVID-19.

A continuación, algunos de los videos en los que los proponentes defienden su iniciativa: