Uno de los objetivos que se marcó el Gobierno Nacional en materia laboral es la eliminación progresiva de los contratos por prestación de servicios, una modalidad que, a juicio del propio presidente, no beneficia a los empleados.
De acuerdo con lo planteado por Petro, los contratos de prestación de servicios deben acabarse porque no son más que una “sobreexplotación” de los trabajadores, ya que en muchos casos son vinculados de esa manera para que el empleador ahorre costos de nómina.
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A inicios de semana se conoció que el Gobierno evalúa la firma de un decreto que hará mucho más complicado que el Estado contrate a alguien por prestación de servicios. La idea, según reveló Blu Radio, es que las entidades justifiquen cada contrato que suscriben para evitar que lo hagan cuando hay vacantes con vocación de permanencia.
Ahora, se supo de la existencia de una circular del Departamento Administrativo de la Función Pública que ordena a las entidades estatales limitar los contratos de prestación de servicios a los estrictamente necesarios.
Miles de contratos por prestación de servicios se acabarían en 2023
En el caso de contratos que se firman con el Estado, la instrucción es firmar contratos de prestación de servicios solo hasta abril del próximo año. Dicho plazo busca las entidades elaboren los estudios técnicos para que establezcan la planta temporal de personal necesaria.
Casi un millón de trabajadores en el país está vinculado bajo esas modalidad y a partir del mencionado mes pasaría tener una contratación en plantas temporales.
“En esas plantas los empleados no tendrían que pasar cuenta de cobro. Tendrían todas las prestaciones de ley y un sueldo equivalente al de los servidores públicos de las entidades”, detalló la emisora.
El decreto va en línea con la directiva presidencial 08 de 2022, la cual ordena reducir en un 30 % el total de contratos por prestación de servicios en las entidades estatales. Con dicha medida se busca ahorrar 4 billones de pesos en los próximos cuatro años.
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