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Tras el anuncio de la Caja de Compensación Familiar de Risaralda, Comfamiliar, de suspender parcialmente la prestación de los servicios: Hospitalización, Consulta Externa Especializada y exámenes especializados de salud a la EPS SOS (Servicio Occidental de Salud), la Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, como cabeza del sector, y la Superintendente del Subsidio Familiar (e), Angie Katherine Monroy Bobadilla realizaron visita a la caja y entregaron mensaje de tranquilidad.
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En el marco de la visita, la Supersubsidio evidenció que Comfamiliar Risaralda, tiene más de 28.000 empresas afiliadas, con 400.000 personas cubiertas entre afiliados y beneficiarios y se destacó que a cierre de 2023 la entidad cuenta con un patrimonio positivo por valor de 421 mil millones, aunado a que durante los últimos 7 años se corroboran resultados financieros positivos constantes, lo que demuestra la buena salud de la Caja.
Durante la revisión del programa de salud, se observó que la EPS SOS S.A. adeuda cerca de $ 52 mil millones a Comfamiliar Risaralda lo que alerta sobre la necesidad de juntar esfuerzos por parte de la Dirección Administrativa y el Consejo Directivo de la Caja en compañía de Mintrabajo y Supersubsidio que permitan la recuperación de la cartera con la EPS SOS S.A., en aras de mantener garantías y proteger los recursos parafiscales del 4 %.
La Ministra indicó: “Entendemos que Comfamiliar Risaralda es una de las cajas más queridas por sus afiliados en la región, por eso anunciamos que la entidad está en un excelente estado financiero, pero además estamos en un proceso de mejoramiento, y que quede muy claro que la caja no es la EPS SOS, por eso estamos fortaleciendo la clínica de esta Caja, sabemos de su importancia para los risaraldenses y por eso estamos haciendo los esfuerzos necesarios. Así es pues, que las y los usuarios de la Caja pueden estar tranquilos porque ese 4 % de sus aportes no está en riesgo”.
Finalmente, se resaltó en el marco de la visita el esfuerzo del Gobierno Nacional para la formalización del empleo y la existencia de incentivos para que las IPS formalicen a sus trabajadores y trabajadoras.
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